“Es como si un médico general hiciera trasplantes”: falta de especialización pone en riesgo operación de tribunales tras elección
La llegada de los nuevos jueces electos por voto popular, muchos de ellos sin experiencia en la impartición de justicia, encendió una alerta sobre el riesgo que estos representan para el funcionamiento de los tribunales especializados del Poder Judicial.
El problema se presentó desde que se lanzó la convocatoria para los aspirantes a jueces en Chihuahua, en cumplimiento de la reforma judicial, debido a que no se establecieron bases o criterios para garantizar perfiles con especializaciones, coinciden abogados, juzgadores y expertos consultados sobre el tema, quienes ahora advierten un retroceso en la impartición de justicia.
“Advertimos que esto nos iba a implicar un retroceso, porque la capacitación a las y los juzgadores de los conocimientos en general y los conocimientos técnicos especializados lleva tiempo, es un proceso, pero, sobre todo, la aplicación en términos de las sentencias, más allá de citar artículos”, afirmó Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, organización que impulsó la creación del Tribunal Especializado en Violencia de Género.
En el Distrito Judicial Bravos, uno de los 14 en los que se divide el territorio del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, y que abarca a los municipios de Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Ahumada y Ciudad Juárez, están en funcionamiento cuatro instancias especializadas de justicia: el Tribunal Especializado en Violencia de Género –de competencia familiar y penal–, el Tribunal Especializado en Narcomenudeo, el Tribunal Especializado en Violencia Familiar-Adolescentes y el Tribunal Mixto de Ejecución de Penas.
“Es necesaria la especialización para decenas de casos que son radicados (a tribunales), eso se dejó de lado”, dijo un juez que habló sobre el tema con la petición de reservar su identidad. Él tiene 17 años en el cargo y ganó la elección, por lo que continuará en el cargo otros ocho años más.
Desde su experiencia, consideró que desdeñar la especialización es una omisión grave que pone en jaque la operación del sistema, el cual nació para conocer de asuntos legales que requieren un conocimiento técnico o especializado de la justicia.
“Es como si le pidieran a un médico general que haga un trasplante de riñón. ¿Quién pondría su vida en manos de un médico general para una operación de ese grado de especialidad? Lo mismo ocurre al momento de resolver un caso donde está en juego el interés superior del menor, o donde se debe ver al imputado(a) o a la víctima bajo una perspectiva de género, aplicar pautas internacionales o ver al imputado como un enfermo que requiere un tratamiento, no un castigo por estar enfermo debido al uso de drogas, o bien cuando se debe analizar el tratamiento al penalmente culpable”, explicó.
El entrevistado también cuestionó si, entre los jueces electos, hay alguien que conozca, además del Derecho Penal, alguna de las especialidades que Ciudad Juárez requiere por el tipo de conductas delictivas que ocurren, como feminicidios, violencia intrafamiliar, posesión simple de droga y otros.
Esas especializaciones también son necesarias en otras regiones del país, o quizá las necesidades sean en otras áreas específicas del derecho.
La incertidumbre es mayor debido a que aún no se conoce a quiénes se designarán para encabezar los tribunales especializados.
Sobre el tema, se solicitó información y entrevista al Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, a la que se respondió a través de su área de comunicación social con una cita atribuida a la magistrada presidenta Myriam Hernández Acosta, en la que se menciona:
“Hay muchas personas juzgadoras que permanecen como tales, son parte de los tribunales especializados y su experiencia es muy valiosa, así como la de mucho personal jurisdiccional que son parte desde origen de los tribunales especializados. Todas y todos se han preparado mucho y estoy segura de que las nuevas personas que se incorporen seguirán por esa ruta”.
Congreso de Chihuahua no contempla especialización en perspectiva de género
Los jueces de tribunales especializados se preparan en un área específica, lo que les permite un análisis más profundo de los casos, logran agilizar los procesos y resoluciones más justas, coinciden los entrevistados.
Sin embargo, esa especialización que se ha logrado en algunos aspectos en Chihuahua quedó de lado en la pasada elección del 1 de junio.
El Congreso de Chihuahua no consideró relevante, o ignoró, vigilar que los aspirantes a jueces y magistrados cumplieran con criterios de perspectiva de género, conocimientos claros de los protocolos mandatados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y conocimiento jurídico del juzgamiento mixto; y quienes fueron electos, en general, no tienen conocimientos técnicos ni experiencia práctica, excepto uno o dos ganadores, dijo Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres.
Esa situación, aseguró, implica un retroceso.
En años anteriores, los jueces de Chihuahua citaban disposiciones y jurisprudencia que son de carácter obligatorio para juzgar con perspectiva de género, pero terminaban resolviendo sin considerar dichos ordenamientos, de acuerdo con una revisión de sentencias que hizo la Red. Con el paso del tiempo, se fueron capacitando y se logró un avance, mencionó.
“Lamentamos muchísimo que estas juezas y jueces, que ya tenían no solo conocimientos, sino experiencia práctica, no hayan quedado dentro de las y los juzgadores que ahora van a estar, y que, por supuesto, las consecuencias se pagarán en las sentencias, cuando tengamos sentencias injustas, como lo que ha ocurrido y a la fecha ocurre; pero habíamos dado pasos significativos”, agregó Marrufo.
Sobre estas circunstancias, Carlos Murillo Martínez, investigador universitario especializado en ciencias jurídicas, dijo que hicieron una revisión de los jueces electos en materia penal y encontraron que tres a cuatro de los ganadores tienen el perfil y los conocimientos para cada uno de los tribunales, y dependerá del Consejo de Administración distribuir las plazas.
“Sí, hay riesgo, porque hay algunos casos de gente que no tiene ninguna experiencia, ni siquiera en el litigio; o sea, ya como quiera el que ha litigado sabe de qué se trata. Pero hay gente que ni siquiera está familiarizada con los trámites que se hacen en un juzgado, cómo se gestiona un tribunal, entonces, sí hay un alto riesgo en todos esos casos”, señaló.
Murillo explicó que se van a impartir cursos de capacitación intensiva a partir de agosto y dependiendo del área donde se va a mandar a cada ganador, por lo que la ciudadanía, los medios de comunicación y las universidades deben estar pendientes de la asignación de las plazas.
“Tenemos que estar observando que efectivamente se den estas asignaciones por perfil, porque si no lo hacen, ese sí sería un alto riesgo de que se van a tener errores y eso va a mermar en la justicia, en la capacidad de los mismos jueces, que de por sí están en entredicho; por eso se dio toda esta reforma y ahora va a estar peor”, afirmó.
Aunque, siendo optimista, dijo: “Si hacen una distribución racional, sí habrá recurso humano para todas las especialidades”. Por el contrario, agregó: “Si lo hacen políticamente, o para favorecer a alguien, o lo hacen porque alguien lo solicitó aunque no tenga la preparación, porque le guste… vamos a tener un problema grave en la administración de justicia, sobre todo en materia penal, que es más sensible”.
La juez electa Evangelina Zúñiga explicó que, al momento de la convocatoria, cada aspirante se registró para el tribunal que consideraba tener más conocimiento. Pero a la fecha, en materia penal, a los electos no se les ha dicho si van a ser jueces de Control, de Tribunal de Enjuiciamiento o de Ejecución de Penas, y tampoco si estarán asignados a un tribunal especializado.
Otros jueces entrevistados se refirieron a la ratificación e inamovilidad que existía hasta antes de la Reforma Judicial, señalando que ese era un derecho ciudadano y, al quedar excluido por esas modificaciones a la ley, quien pierde es la sociedad en términos de impartición de justicia.
“La inamovilidad no era un derecho del juez, era un derecho de los ciudadanos. ¿Para qué? Para que el juez no tuviera miedo de dictar sus resoluciones, que no tuviera miedo de que lo corrieran. ¿Por qué? Porque era inamovible, porque estaba ratificado. Y esas son cuestiones que ni siquiera son solo de México, son cuestiones de derecho internacional”, expuso una jueza.
A la falta de inamovilidad se suman otros temores de algunos juzgadores que tienen años laborando para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como la pérdida de todos los derechos laborales que adquirieron antes de que entrara en vigor la reforma: el servicio médico, la compensación y el derecho a la jubilación o pensión, pues los cambios contemplan periodos de ocho años de trabajo y, al concluir, no tendrán derecho a recibir prestaciones.
Los operadores judiciales consultados también consideraron que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) podría actuar de forma discrecional y atendiendo intereses ajenos.
El TDJ sustituirá al Consejo de la Judicatura y tendrá las facultades de evaluar e investigar y, en su caso, sancionar cualquier acto arbitrario o irregular que cometa el personal del Poder Judicial del Estado, y podrá actuar en función de una queja o de oficio.
“Hasta el Tribunal de Disciplina se va a acercar y nos va a decir: ‘A ese me lo sueltas, a ese me lo vinculas o a ese lo sentencias culpable’, porque la facultad de ellos para quitarte es discrecional. Ahora los jueces vamos a resolver con una bota en el cuello. Entonces, se acabó la imparcialidad. Porque un juez temeroso no puede resolver con justicia”, aseguró uno de los entrevistados.
Algunos impartidores de justicia consideraron que hay mucha incertidumbre, a pesar de que ya pasó la elección y se dieron las constancias de mayoría, porque todavía no se les indica cuáles plazas van a ocupar.
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